(EUROPA PRESS) El Gobierno del Principado de Asturias impulsará una ley para la creación de un consorcio que gestionará las escuelas públicas para menores de tres años, que eliminaría las diferencias que existen entre los centros de los distintos concejos. Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Educación, Ana González, el objetivo es que la ley entre en vigor el próximo año. No supondría, al menos el primer año, un incremento en los recursos que aporta el Principado, unos ocho millones de euros.
En la actualidad, estas escuelas se gestionan mediante el Plan de Ordenación de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil, aprobado por Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2002. Actualmente son 37 municipios los que mantienen activos sus convenios. Sin embargo, tras más de una década de puesta en funcionamiento, el objetivo de la tasa de cobertura que preveía el plan no se ha cumplido, según ha admitido González.
Además, desde el Principado se han observado tendencias hacia la «pérdida de la cohesión e igualdad» de acceso de la población, según los concejos de residencia, y de «dispersión de las cualidades relevantes del servicio» en función de las singularidades locales.
La gestión de la plantilla, de 522 técnicos de Educación Infantil, se ha ido deslizando hacia el régimen laboral de cada entidad local. «Esto ha generado una creciente diversidad de situaciones en materia retributiva, de jornada o condiciones laborales. También se ha creado una distorsión para mantener hasta 38 bolsas de empleo territorialmente separadas», ha explicado la consejera.
Desde el Gobierno asturiano han observado también una «dispersión de prioridades» de contenidos en los servicios educativos o de comedor, con diferencias en cuestiones de régimen de comidas, precios y horarios. Las aportaciones de las familias también varían, además de otras cuestiones relativas a la admisión y matriculación del alumnado.
Ante estas circunstancias, el Ejecutivo autonómico ha considerado adecuada la creación de un consorcio, en el que los ayuntamientos tengan representación y que sirva para unificar las distintas cuestiones, siempre desde la óptica de un «servicio público».
El consorcio será un ente con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios mediante el que se articula la cooperación y participación del Principado de Asturias y de los concejos que voluntariamente se integren para la gestión conjunta integral del servicio público educativo de las escuelas infantiles.
La gestión y prestación de los servicios la llevará a cabo directamente el consorcio. El ámbito territorial será el de los concejos que se integren. Tendrá como finalidad principal la gestión integral de las escuelas infantiles y la atención educativa y asistencial de los menores de tres años.
Entre sus funciones figurarán el estudio de las necesidades relativas a la atención educativa y asistencial de los menores de tres años y la elaboración de los planes y proyectos que se estimen oportunos, así como la fijación de la cuantía de las tarifas o precios, que serán uniformes en todo el ámbito del consorcio.
Estará integrado por una Junta General, un consejo de administración, la presidencia y una Dirección General. También existirá una Secretaría General.
La Junta General estará integrada, además de por el presidente del Consorcio, por un representante designado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y un representante de cada uno de los concejos integrados.
El Consejo de Administración estará integrado por siete vocales designados por el Consejo de Gobierno de entre la administración del Principado; tres vocales en representación de los concejos integrados a propuesta de la Federación Asturiana de Concejos; un vocal en representación de los sindicatos de los servicios públicos de enseñanza más representativos y un vocal en representación de las asociaciones de padres y madres de alumnos.
DECLIVE DEMOGRÁFICO
El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, que ha acompañado a González en la rueda de prensa ha añadido que la creación del consorcio está estrechamente relacionada con las estrategias de conciliación de la vida laboral y familiar que desarrolla el Gobierno del Principado y con las iniciativas políticas autonómicas para combatir el declive demográfico que afecta a numerosas regiones europeas, entre ellas Asturias.
Tal y como ha recordado el consejero de Presidencia, el Gobierno del Principado ha iniciado diferentes líneas de colaboración a nivel nacional y europeo para hacer frente a los retos demográficos, como la alianza que mantiene con las comunidades de Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León o la integración en la Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe).