El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva prórroga de la moratoria que mantiene la suspensión de las autorizaciones para la apertura de establecimientos de juego en el Principado de Asturias.
El Ejecutivo ya había acordado dos prórrogas en los pasados 26 de marzo y 14 de noviembre de 2019. La decidida hoy, de nuevo por un máximo de ocho meses, responde principalmente a la dificultad para predecir las consecuencias del estado de alarma, que obligó al cierre temporal de los establecimientos de juego. Se pretenden evaluar cuestiones tales como la repercusión de este parón sobre la viabilidad de algunos de locales o los efectos de medidas sanitarias como la limitación de aforos o el establecimiento de distancias mínimas de seguridad.
La Consejería de Hacienda trabaja en el decreto que regulará la actividad de juego y apuestas en Asturias. De hecho, la propuesta inicial se encuentra en fase de información pública desde el 25 de junio. Una vez que concluya este proceso, el texto será sometido al Consejo del Juego, del que forman parte las administraciones locales, el colectivo de ludópatas, el sector empresarial, sindicatos, el Consejo de la Juventud, asociaciones de consumidores y usuarios y la propia Administración autonómica. Posteriormente, será el turno del Consejo Consultivo, como paso previo a la aprobación final por el Gobierno.
El Principado es una de las comunidades autónomas con menor oferta de juego (1 casino, 6 bingos, 28 salones de juego y 9 locales de apuestas) y de las pocas que tiene una política de publicidad restrictiva en esta materia, así como un programa de prevención de ludopatía. Además, tiene control de acceso en todos los establecimientos e impide la entrada a menores y personas inscritas en el registro de prohibidos, cuestión en la que Asturias ha sido pionera.
Justamente, en la propuesta de decreto sometida a información pública se establece que el número de establecimientos actualmente autorizados sea el máximo. Únicamente podría aumentar por las licencias pendientes de resolver en el ámbito municipal y que hayan sido solicitadas antes del 26 de marzo de 2019.
Una vez resueltas estas solicitudes pendientes, quedaría fijada la cantidad final de establecimientos. Igualmente, se propone que si se produjese el cierre de alguno de estos locales, el máximo autorizado también disminuyese en el mismo número.