La consejera del Principado de Asturias Marta del Arco, ha animado a los ayuntamientos a incorporarse al modelo de colaboración que les permite participar en las labores de valoración de la situación de dependencia y en la elaboración de los programas individuales de atención (PIA) para reducir los tiempos de las resoluciones.
La medida forma parte del Plan Agiliza, impulsado por el Gobierno de Asturias para acortar trámites y garantizar una atención más eficaz a las personas que requieren apoyos en su vida diaria. Este sistema combina financiación autonómica, formación y apoyo técnico.
En una reunión telemática mantenida con responsables municipales, Del Arco ha precisado que la colaboración de los ayuntamientos es voluntaria y que su finalidad es complementar, y en ningún caso sustituir, la actividad de los equipos autonómicos. “Se trata de aprovechar la cercanía de los servicios sociales locales para que realicen la valoración de la dependencia en los domicilios y determinen cuál es la prestación más adecuada en cada caso”, ha explicado.
Modelo de colaboración con las entidades locales
En la sesión, en la que también ha participado la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, junto con representantes de la práctica totalidad de los ayuntamientos, la consejera ha detallado las características del modelo, que ya funciona en cinco municipios: Castropol, Coaña, Villayón, Cangas del Narcea e Ibias.
El sistema se basa en una encomienda de valoración de la dependencia integrada en el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales (2024-2027).
Del Arco ha señalado que en esta primera reunión “se han sentado las bases de la colaboración entre la consejería y las entidades locales para conocer qué ayuntamientos podrían asumir estas funciones y comenzar a trabajar”, dado que la iniciativa requiere una labor preparatoria previa, como la formación de los profesionales y el acceso a herramientas corporativas.
Financiación y requisitos para los profesionales
La consejería ha fijado finales de marzo como plazo para que las corporaciones locales planteen dudas o soliciten aclaraciones sobre el funcionamiento del sistema.
El personal de los servicios sociales municipales encargado de realizar la valoración y elaborar los programas individuales de atención deberá contar con titulación en Trabajo Social, Medicina, Psicología, Enfermería, Fisioterapia o Terapia Ocupacional.
Por su parte, la consejería abonará 190 euros a los ayuntamientos por cada expediente gestionado, con pagos anticipados en cada ejercicio. Además, Derechos Sociales asumirá la formación certificada de los profesionales municipales y la supervisión y coordinación a través de los equipos territoriales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
Los equipos especializados de la consejería continuarán colaborando con los ayuntamientos que se adhieran a esta iniciativa con el objetivo de garantizar una atención homogénea en toda la comunidad.
“Esta fórmula de colaboración ha demostrado ser muy eficaz en concejos del ámbito rural que cuentan con disponibilidad para asumir estas tareas con todas las personas solicitantes que solicitan la dependencia en su territorio o con una parte”, ha valorado Marta del Arco.