El Gobierno de Asturias ha presentado un plan de once medidas para modernizar y reforzar la inspección minera, tras el informe elaborado por la Inspección General de Servicios a raíz del accidente de Blue Solving.
El Gobierno de Asturias actualizará los procedimientos, digitalizará la gestión y reforzará los mecanismos de control y supervisión de la actividad minera a partir de las conclusiones del informe elaborado por la Inspección General de Servicios. El documento, que será enviado a la fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General, plantea once recomendaciones vinculadas, entre otros aspectos, a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y al desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a mejorar la gestión.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, informaron al Consejo de Gobierno del contenido del informe y de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería para dar cumplimiento a las recomendaciones.
«El presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar hasta el final para aclarar las causas del accidente de Blue Solving y para intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir. Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios», recordó la vicepresidenta. «Hoy hemos examinado su contenido en el Consejo de Gobierno y, acto seguido, anunciamos nuevas medidas para mejorar la gestión de la actividad minera en Asturias. Estamos demostrando que nuestro compromiso con la seguridad y la familia minera es absoluto», añadió Llamedo.
El consejero de Ciencia fue igualmente contundente: «Asumí la consejería con un mandato expreso del presidente para llegar hasta el final con todas las consecuencias. Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores».
Las once medidas: de la planificación de inspecciones a los cambios normativos
La hoja de ruta planteada por la Consejería de Ciencia recoge diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.
En materia de inspección minera, el Gobierno avanzará hacia una planificación más estructurada mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.
Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos. El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incluyan, por ejemplo, una hoja de verificación para las inspecciones mineras o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.
Dentro de la actualización normativa y procedimental, se trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros. Asimismo, se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.
En lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán de forma integral y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. La Consejería de Ciencia colaborará además con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.
El informe va a la fiscalía y a la comisión de investigación
El Gobierno de Asturias reitera su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad, y asumirá las recomendaciones del informe, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica. El documento será remitido a la fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado.
El objetivo declarado del Ejecutivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera más moderno, eficiente y garantista, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y siempre en defensa del interés general.