El Gobierno de Asturias ha constituido el Observatorio Asturiano de Violencia sobre las Mujeres. Esta nueva herramienta busca reforzar el compromiso con las víctimas mediante la mejora de la coordinación institucional, así como del acompañamiento y la atención prestada.
Entre las funciones del observatorio destacan la elaboración de informes y estudios sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, así como la colaboración con instituciones para impulsar estrategias de prevención y erradicación de la violencia machista.
La vicepresidenta del gobierno, Gimena Llamedo, que ha presidido esta tarde la reunión constitutiva, ha subrayado que el observatorio es “un ejemplo más del compromiso firme de este gobierno en la erradicación de la violencia de género, reflejado también en el presupuesto de la consejería”. Ha recordado que las cuentas asturianas han aumentado un 25% la partida para combatir la violencia machista, reforzar la atención a las víctimas, ampliar el personal de los centros asesores de la mujer y fortalecer la red de casas de acogida y el centro de crisis.
Durante la sesión se han creado dos grupos de trabajo: uno centrado en la violencia de género en el medio rural y otro orientado a la prevención en el ámbito de la salud y los derechos sociales.
El observatorio será clave para asesorar a las administraciones y entidades implicadas, formular propuestas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista, y diseñar medidas específicas de protección para las mujeres víctimas, sus hijos e hijas y otras personas de su entorno.
Esta iniciativa se enmarca en un conjunto de acciones impulsadas por el gobierno asturiano para combatir un problema estructural que afecta a miles de personas y que en 2025 ha costado la vida a tres mujeres en Asturias.
El observatorio está integrado por 23 personas, entre ellas representantes de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, los centros asesores de la mujer, la fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, para garantizar un enfoque multidisciplinar.
Con esta medida, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la igualdad y la protección de las mujeres frente a la violencia de género, con el objetivo de avanzar en la construcción de una sociedad libre de cualquier forma de agresiones machistas.