Asturias ha aprobado el proyecto de ley que prohíbe la venta, suministro y consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años. El objetivo es proteger a este segmento de la población, así como prevenir y sensibilizar ante los perjuicios que este tipo de productos causan en la salud.
La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que ha elaborado la normativa, cifra en 30.000 los potenciales consumidores de estas bebidas con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años.
El texto se enviará a la Junta General para iniciar su tramitación parlamentaria. Es pionero en España, junto con el que está tramitando Galicia, y solo tres países de la Unión Europea –Polonia, Lituania y Letonia– han legislado esta misma prohibición.
El Principado establece controles y sanciones
Entre otras medidas, el proyecto de ley establece que los comercios tendrán obligación de colocar estos productos en zonas acotadas, y tanto las tiendas como los establecimientos hosteleros deberán comprobar la edad de los compradores. Además, las máquinas expendedoras tendrán un sistema de verificación de edad.
Respecto a las sanciones, se equiparan a las ya existentes para el consumo y venta de tabaco y alcohol, excepto en el tramo superior, que hace referencia a las muy graves. La imposición de multas a menores de 16 años que cometan una infracción será excepcional y siempre se dará prioridad a las medidas educativas o preventivas, siguiendo los principios de proporcionalidad y finalidad pedagógica.
El tipo de penalización oscila desde el apercibimiento y las multas de hasta 600 euros (infracciones leves), hasta pagos de 10.000 euros (infracciones graves) y el posible cierre de establecimientos (infracciones muy graves). Este último tipo de penalización se aplicará a casos de venta y distribución a gran escala, que pueden castigarse con hasta 100.000 euros.
La norma se ha elaborado con un proceso participativo en el que han intervenido varias áreas de la Administración autonómica por su carácter transversal, así como padres y madres, profesionales sanitarios, docentes, estudiantes, organizaciones juveniles y sindicatos.
El Gobierno de Asturias considera que la proliferación de las bebidas energéticas y su creciente consumo entre menores de 16 años plantea un grave problema de salud pública que obliga a impulsar una ley para evitar daños.