La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Graciela Blanco, ha exigido hoy al Gobierno central que la futura ley estatal de Contratos del Sector Público, ahora en fase de información, recoja la posibilidad de que las administraciones reserven contratos con las entidades de iniciativa social, sobre todo en el ámbito de la discapacidad y la infancia. En este sentido, ha anunciado que el Principado presentará alegaciones al anteproyecto de ley y que apoyará las que presente el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En rueda de prensa, en la que también ha participado la presidenta de CERMI-Asturias, Mónica Oviedo, la titular de Bienestar Social ha criticado que el anteproyecto no transponga la directiva europea, que permite reservar contratos de servicios sociales con las entidades sociales, que no superen los 750.000 euros, y tampoco reserve una serie de contratos para las entidades del tercer sector.
Graciela Blanco ha recordado que el Grupo Socialista ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputado para reclamar al Ejecutivo de Mariano Rajoy que transponga la normativa comunitaria. “El Gobierno de España ha hecho caso omiso a las peticiones del Grupo Socialista y al de las entidades”, ha recalcado.
La disposición europea, en su artículo 77, establece un régimen específico para los contratos públicos relativos a los servicios sociales y garantiza a los poderes públicos la libertad para prestar estos servicios u organizarlos de manera que no sea necesario realizar contratos, sino mediante la financiación.
La consejera ha resaltado la incoherencia del Partido Popular, que en Asturias ha apoyado la modificación de la Ley de Servicios Sociales del Gobierno asturiano, “para que las entidades, a través del concierto social, se les trate con preferencia en la medida de nuestras competencias, mientras que el mismo PP que gobierna en España no hace referencia en el anteproyecto a que se pueda mantener esa relación”.
Graciela Blanco ha asegurado que la futura Ley de Ejecutivo del PP no afecta a la modificación de la Ley de Servicios Sociales, que aprobó el pasado mes de marzo el parlamento asturiano; aún así ha dejado claro que el objetivo del Gobierno de Asturias “es ir más allá y blindar la relación contractual con las entidades del tercer sector”.