Stuttgart/Berlín, 15 may (dpa) – Seis ex empleados de la empresa productora de armas alemana Heckler & Koch se enfrentan a partir de este martes a un proceso por presunta exportación ilegal de armamento.
La Audiencia Provincial de Stuttgart será la encargada de juzgar unos hechos que se remontan años atrás: se trata de la venta de varios miles de fusiles de asalto G36 y de piezas accesorias a México entre 2006 y 2009.
Las armas acabaron siendo utilizadas en regiones de crisis del país latinoamericano en las que bajo ningún concepto armamento de origen alemán podía ser utilizado, según las correspondientes leyes germanas. Según la acusación, los seis ex empleados de Heckler & Koch estaban al corriente de estas circunstancias.
La propia firma armamentística alemana, por su parte, podría tener que enfretarse a la petición de una alta multa económica por parte de la Fiscalía.
La primera denuncia del caso llegó en abril de 2010 y la interpuso Jürgen Grässlin, autor, activista y presidente de la organización no gubernamental Oficina para la Información sobre Armamento, que recibió informaciones de una fuente interna de Heckler & Koch.
«El por qué de que el proceso se haya demorado ocho años en comenzar es una pregunta muy interesante», dijo Jan van Aken, ex parlamentario federal por el partido de La Izquierda (Die Linke) y que seguirá el proceso como experto en armamento de la Fundación Rosa-Luxemburg, dependiente del mencionado partido.
Van Aken, que da por hecho que el juicio acabará con algún tipo de condena, cree que esa demora tiene que ver con que uno de los seis acusados fue presidente de la Audiencia Provincial de Rottweil, ciudad situada cerca de Stuttgart, en el Estado federado de Baden-Württemberg.
Los críticos de las ventas armamentísticas de Alemania (quinta potencia mundial en exportaciones de armamento, según el instituto sueco SIPRI) también esperan que el juicio sirva para echar luz sobre el papel jugado por las autoridades alemanas responsables de controlar los envíos de fusiles de asalto a México.
De hecho, Jürgen Grässlin dijo el lunes que echa en falta que algún representante del Estado alemán se tenga que sentar en el banquillo de los acusados a partir de este martes.
La Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, red de organizaciones no gubernamentales e instituciones alemanas, denunciaron la pasada semana que los fusiles de Heckler & Koch acabaron llegando al Estado de Guerrero y contribuyeron a perpetrar «graves violaciones de derechos humanos».
La red de ONGs considera probado, por ejemplo, que las fuerzas armadas mexicanas utilizaron fusiles automáticos G36 para matar a seis personas y herir a 40 más la noche en la que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía local en 2014. Los 43 siguen hoy desaparecidos.
«Las limitaciones en la exportación de los fusiles automáticos G36 a algunos estados federados mexicanos especialmente conflictivos eran, ya entonces, insostenibles desde una perspectiva de derechos humanos. Todo esto indica la existencia de un acuerdo que hizo posibles estas exportaciones», concluye la Coordinación Alemana.
Medio centenar de manifestantes protestaron este martes en la ciudad de Stuttgart contra las exportaciones de armas alemanas con motivo del comienzo del juicio por la venta de armamento a México.
Los manifestantes demandaron el fin de la producción de armas alemanas. «Las armas alemanas, el dinero alemán asesinan en todo el mundo», corearon.
El impulsor del juicio, el activista Jürgen Grässlin, está convencido de que Heckler & Koch suministró armas de forma ilegal. «El que facilita la exportación de armas se hace cómplice de los asesinatos en México», dijo Grässlin.
El juicio que arranca este martes en la Audiencia Provincial de Stuttgart tiene previsto celebrar sesiones hasta finales del próximo 25 de octubre.