(EUROPA PRESS) El juzgado de instrucción número 2 de Oviedo ha acordado el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta por un sindicalista de la Corriente Sindical de Izquierdas en Liberbank contra el presidente y el director general de Cajastur, Manuel Menéndez y Felipe Fernández respectivamente, por la operación de ‘La Talá’, en Llanes, en el año 2008.
En el auto, la juez entiende que los hechos objeto de la denuncia no han sido acreditados. La resolución tiene un plazo de tres días para ser recurrida. «No ha quedado acreditada la perpetración de delito alguno», señala en sus argumentos jurídicos.
El auto del juez de instrucción, al que ha tenido acceso Europa Press, y que comparte la propuesta realizada por la fiscalía en su decreto de sobreseimiento de fecha 29 de mayo de 2014, afirma que la adquisición de La Talá fue una operación de «dación en pago», que es «frecuente en estos tiempos de crisis», con la cancelación de deudas de la entidad vendedora y acreedora, el Grupo Nozar.
La operación se adoptó por diferentes órganos de dirección y de gobierno de Cajastur, con acuerdos que, según el juez, no incurrieron en irregularidades. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo afirma respecto a la denuncia interpuesta que no ha quedado acreditada la perpetración de delito alguno, pues «no hay constancia de falsedad en las cuentas o en documentos que reflejen la situación jurídica o económica de la entidad, ni de imposición de acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno en perjuicio del resto de socios o de la sociedad».
Así, se refiere a la existencia de dos informes de una sociedad de tasación (Tinsa) que valoran el bien en el precio que finalmente se adquirió, y a informes jurídicos que establecen que la Sentencia que declara nulo el PGOU de Llanes «carece de virtualidad práctica, pues antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo, La Talá estaría urbanizada y se verían obligados a reconocerlo como tal»
Añade que los propios Agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional que se personaron en el lugar constataron que los terrenos se encontraban urbanizados y que las reuniones llevadas a cabo en las que se acordaron las operaciones, se realizaron «sin que se hubieran producido disensiones o actuaciones irregulares».
Los hechos denunciados por el sindicalista fueron investigados, por orden del juzgado, por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional y por la Fiscalía. El sindicalista presentó la denuncia sobre la operación en julio de 2013 (durante el proceso de negociación del plan laboral de Liberbank) pero no se tramitó hasta abril de 2014 debido a cuestiones de competencia y jurisdicción. En su denuncia expresó que el presidente y el director general de Cajastur habían cometido delitos societarios y falsedad documental.
La promotora Nozar Masaveu adquirió en octubre de 2007 La Talá, por 35 millones de euros, que fue financiada mediante un préstamo hipotecario de 28 millones formalizado con Cajastur. En 2008, Cajastur adquirió La Talá y otras propiedades de Nozar como dación en pago de las deudas del grupo promotor. CSI acusó de que las sentencias urbanísticas sobre La Talá, «reducían drásticamente el valor de la propiedad, haciendo inviable la recuperación de la inversión».
El sindicalista acusó a la dirección de Cajastur de que «quebrantó todos los controles de riesgo y su proceder incurrió, como poco, en delito societario y falsedad documental, al adquirir un bien de escaso valor para favorecer a un holding empresarial (Nozar) que se encontraba prácticamente en quiebra».