El Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula los umbrales económicos y las cuantías de las becas para el curso 2026-2027 en España con una inversión de 2.559 millones de euros. Según el Ministerio de Educación, se beneficiarán 752.000 estudiantes en la convocatoria general y 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ya que se amplían coberturas para matrículas parciales.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, destacó en la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno que se trata de una inversión «histórica» y que es la novena subida consecutiva desde 2018 y un 83% más de lo que se invirtió ese año (1.399 millones).
Una de las novedades de esta convocatoria es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, unos 20.000 estudiantes, podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas). “Se trata de facilitar el derecho a la educación en estudiantes que a su vez trabajan, lo que les obliga a recurrir a matrículas parciales”, precisó la ministra, que ha señalado que “esta medida corrige una exclusión que afectaba especialmente a quienes tenían menos recursos”.
La segunda novedad afecta al alumnado con discapacidad: cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60).
También se contempla una mejora para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la Península para estudiar, pues se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 a 888 euros, equiparándola a la existente para el alumnado insular. “La distancia no puede ser un obstáculo para acceder a la educación”, subrayó la ministra.
Además, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, ya que en los últimos 15 años no se habían modificado. “No se trata de relajar requisitos, sino de evitar que indicadores desfasados excluyan a familias y se atienda a su situación económica real”, dijo Tolón.