Berlín, 30 abr (dpa) – El Gabinete de ministros del Gobierno alemán debatirá probablemente en junio un proyecto de ley para afrontar el problema de la falsa paternidad, alegada para conseguir la residencia, que lleva años sin resolverse.
Los padres ficticios suelen ser hombres sin trabajo que reciben dinero por ayudar a una mujer y a su hijo o hija a obtener la nacionalidad alemana o un permiso de residencia de larga duración.
El proyecto estipula que, en el futuro, las autoridades de inmigración deberán comprobar siempre si se trata de un caso de intento de fraude antes de legalizar la paternidad, en caso de que exista una «diferencia de derechos de residencia» entre el padre y la madre.
Este es el caso, por ejemplo, si el padre es alemán y la madre solo tiene un visado de turista o un permiso de estancia tolerada.
Si hay pruebas de que alguien es el padre biológico o si la madre y el padre llevan tiempo viviendo juntos como pareja, no se lleva a cabo un examen. Por el contrario, siempre debe sospecharse de fraude si la supuesta pareja no puede comunicarse lingüísticamente, si hay indicios de que el «padre» ha recibido dinero o si un hombre ya ha reconocido a otros hijos de madres extranjeras.
Los legisladores intentaron en dos ocasiones desde 2008 poner freno a este tipo de fraude. Sin embargo, la primera reforma fue anulada por el Tribunal Constitucional Federal, debido a las dificultades para los niños que podrían convertirse en apátridas como consecuencia de ello.
La segunda reforma, que obliga a los notarios y a las oficinas de asistencia a la juventud a denunciar a las autoridades de inmigración los presuntos casos de abusos, resultó ineficaz, porque los casos de fraude suelen detectarse tarde, si es que llegan a reconocerse. La corrección posterior no es posible.
Los ministros de Justicia de los estados federados llevan tiempo presionando para que se modifique la ley, porque los hombres que reconocen a un niño por unos pocos miles de euros suelen vivir de las prestaciones del Estado. Por tanto, cuando se trata de la manutención de los hijos, el Estado tiene que intervenir porque los supuestos padres no pagan lo que deberían.
El proyecto prevé por primera vez la responsabilidad penal. Quien haga declaraciones falsas con el fin de obtener el consentimiento para reconocer la paternidad que afecten al estatuto de residencia de la madre y el hijo o la hija será castigado en el futuro con una multa o una pena de prisión de hasta un año.
Según el Gobierno, las autoridades de inmigración tramitaron un total de 1.769 casos sospechosos entre 2018 y 2021 y se identificaron 290 reconocimientos falsos, pero se estima que el número real es probablemente mucho mayor.