Washington, 5 jul (dpa) – El Gobierno de Donald Trump impuso hoy las primeras sanciones contra altos cargos de Nicaragua en el marco de la grave crisis que atraviesa el país desde mediados de abril y en la cual han muerto ya más de 300 personas, según organizaciones de derechos humanos.
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado sancionaron conjuntamente por violaciones a los derechos humanos y corrupción a tres altos cargos del país que forman parte del círculo personal y político cercano al presidente Daniel Ortega y a su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Quedan congelados todos los bienes y activos que tengan en Estados Unidos y se prohíbe a todo ciudadano estadounidense hacer transacciones con ellos. Su ingreso en el país norteamericano queda también vetado.
Uno de los sancionados es Francisco López Centeno, vicepresidente de la petrolera Albanisa, en la que la venezolana PDVSA es propietaria del 51 por ciento, y tesorero del partido FSLN.
Otro es Francisco Díaz Madriz, subdirector general de la Policía Nacional y consuegro del presidente Ortega. El tercero es Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y uno de los hombres de mayor confianza de Murillo.
«La violencia perpetrada por el Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y los intentos de aquellos cercanos al régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente son profundamente perturbadores y completamente inaceptables», dijo Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
«El presidente Ortega y su círculo cercano continúan violando las libertades básicas de civiles inocentes mientras ignoran las peticiones del pueblo nicaragüense de reformas democráticas, incluyendo elecciones libres, justas y transparentes», añadió.
Nicaragua atraviesa su peor crisis en décadas. Desde el 18 de abril han muerto ya más de 300 personas, según organismos de derechos humanos independientes.
Estados Unidos solo había anunciado hasta ahora revocaciones de visas en el marco de esta crisis. Las sanciones anunciadas hoy suponen por tanto un endurecimiento de la posición de la administración de Trump hacia Ortega y su Gobierno, a los que ya califican desde hace semanas como «régimen». Ese es el término que utilizan para referirse a países que consideran dictaduras, como Venezuela y Cuba.
Las protestas contra Ortega arrancaron por una reforma de la seguridad social aprobada por decreto, que posteriormente fue derogada. Pero el malestar con el ex guerrillero sandinista se remonta a mucho antes. La oposición denunció fraude en los comicios municipales de 2008 y en los presidenciales de 2011. Algunos opositores fueron excluidos de los de 2016, en los que fue reelegido con el 72,5 por ciento de los votos. Esas elecciones carecieron de observación independiente.
«Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados con los abusos que están teniendo lugar en Nicaragua. Vamos a hacer rendir cuentas a los responsables», dijeron hoy altos funcionarios de la administración de Trump que hablaron en conferencia telefónica con la prensa bajo condición de anonimato.
Son frases similares a las que el Gobierno republicano utiliza cuando se refiere a la Venezuela de Nicolás Maduro, a la que a lo largo de año y medio ha ido imponiendo sucesivas rondas de sanciones que alcanzan ya a más de 50 funcionarios, entre ellos el propio presidente venezolano.
Los funcionarios evitaron no obstante responder a los periodistas si está previsto sancionar a Ortega. «Este es un mensaje fuerte e importante al Gobierno nicaragüense», dijeron.
Las sanciones fueron aprobadas en el marco de la Ley Global Magnitsky, que permite al Gobierno norteamericano sancionar a acusados de violar los derechos humanos. Esta ley tiene sus orígenes en otra firmada en 2012 por el presidente Barack Obama para sancionar a funcionarios rusos.
El 21 de diciembre de 2017, la administración de Trump impuso ya sanciones por violación de los derechos humanos y corrupción al presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua Roberto Rivas en base a la Ley Global Magnitsky.
De los tres sancionados hoy, Estados Unidos responsabiliza a dos de violaciones a los derechos humanos. El Gobierno de Trump afirma que bajo el mando de Francisco Díaz Madriz, la policía nicaragüense ha participado en graves abusos de los mismos contra el pueblo.
A Fidel Moreno lo acusa de dirigir actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales en que han actuado contra los manifestantes.
A Francisco López Centeno, vicepresidente de la petrolera Albanisa, lo acusa de corrupción, asegurando que ha utilizado su posición en beneficio propio y de su familia.
Por Sara Barderas (dpa)