El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado su voluntad de diálogo con las asociaciones de jueces y fiscales para seguir avanzando hacia un acuerdo que contribuya a la mejora y modernización del servicio público de la Justicia.
En respuesta a la jornada de reivindicaciones que están protagonizado hoy ambos colectivos, Catalá ha subrayado que las 18 demandas profesionales planteadas están siendo objeto de negociación y la mayoría de ellas será pronto una realidad puesto que han sido incluidas en diversos proyectos de ley que están en estos momentos en tramitación parlamentaria.
El ministro se ha mostrado confiado en que el diálogo y la concertación con las asociaciones judiciales y fiscales permitan abordar cuanto antes el proceso de reformas para disponer de la Justicia de calidad que demandan los ciudadanos.
El trabajo del Ministerio de Justicia en los últimos meses se ha desarrollado en tres líneas de actuación específicas:
Medidas en materia legislativa
A través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se encuentra en trámite parlamentario, se suprimirá la designación de magistrados de los tribunales superiores de Justicia por los parlamentos autonómicos, se regulará el tránsito profesional entre la Justicia y la política, se reformará el sistema de elección de los cargos judiciales y se introducirán mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces y magistrados. En el marco de esta reforma se impulsarán también actuaciones de tipo organizativo en la planta judicial para responder de una manera más eficaz a las necesidades de la Administración de Justicia como la posibilidad de constituir secciones especializadas de órganos unipersonales.
Por otro lado, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se conseguirá la modernización del proceso penal, el fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Fiscal y la agilización de este orden jurisdiccional.
Medidas en materia presupuestaria
Son varios los aspectos económicos sobre los que se está trabajando actualmente en el marco del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, fundamentalmente para la mejora retributiva del personal y en materia de inversiones en Justicia.
En los últimos cuatro años las cuentas del Ministerio de Justicia han registrado un incremento acumulado del 20% y el presupuesto para este año recoge una subida del 3,1% del gasto público en Justicia, lo que permitirá destinar un 2,5% más al capítulo de gastos de personal.
De esta forma, se podrán incrementar las retribuciones de jueces y fiscales hasta el 8,79% durante los próximos tres ejercicios. Además, se prevé una oferta de empleo público en 2018 con la convocatoria de 300 plazas para jueces y fiscales y de otras 3.759 para los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia en una firme apuesta por incrementar los recursos en este servicio público.
El esfuerzo presupuestario del Ministerio para 2018 se traduce también, entre otras actuaciones, en inversiones para obras y nuevas infraestructuras judiciales por un valor superior a los 50 millones de euros, en una partida de 58,8 millones de euros para cumplir con los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en un incremento del 32% del presupuesto destinado a la asistencia jurídica gratuita.
Por lo que se refiere a la transformación digital de la Justicia, se destinarán 132 millones de euros a la mejora de los servicios tecnológicos, a consolidar los sistemas de Justicia y Fiscalía y a completar su despliegue en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia. En este capítulo se contempla también la renovación del equipamiento audiovisual de las salas de vista y el fortalecimiento de las infraestructuras del Centro de Proceso de Datos para un mayor rendimiento, estabilidad y seguridad de los servicios tecnológicos.
Medidas en materia retributiva
En cuanto a las demandas retributivas de jueces y fiscales, se han celebrado hasta la fecha diez reuniones entre el Ministerio y las asociaciones de jueces y fiscales y se prevé la convocatoria formal de la mesa de retribuciones establecida en la ley en los primeros días del próximo mes de junio.
Al margen de la extensión a estos colectivos de las medidas contempladas en esta materia en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se está trabajando en la mejora de las retribuciones por la prestación de los servicios de guardia, en la actualización de las determinaciones de los grupos de población y en lograr el incremento de la cantidad destinada a las retribuciones variables de jueces y fiscales.
Por todo ello, el ministro reitera el compromiso de diálogo y voluntad de acuerdo con las asociaciones que permita abordar de inmediato las reformas necesarias para dotar a nuestra ciudadanía de una Justicia de calidad propia del siglo XXI.