Los juzgados asturianos funcionan ya con normalidad tras la resolución de los problemas informáticos producidos por la actualización del programa Lexnet, utilizado por los diversos órganos y profesionales de la administración judicial para comunicarse. Salvo contadas excepciones, la actividad en los tribunales se desarrolla sin dificultades.
El Principado ha logrado corregir los errores del programa informático con la instalación de la versión Java 1.7. La recomendación llegó en la tarde de ayer, tras realizar el ministerio las comprobaciones oportunas, y los técnicos de la Administración autonómica trabajaron ininterrumpidamente hasta la noche para verificar que la herramienta Lexnet respondía, para lo que permanecieron en continuo contacto con los juzgados de guardia.
El ministerio realizó el reajuste en el sistema de comunicación judicial el pasado jueves sin aviso previo sobre los requerimientos informáticos que exigía el proceso. Estas actualizaciones se repiten periódicamente sin incidencias. No obstante, un día después de la adaptación se produjeron problemas generalizados en los juzgados que se comunicaron inmediatamente al Gobierno central, que en un primer momento achacó este hecho a la lentitud de descarga de la nueva versión de la aplicación.
Ante la persistencia del problema, la Dirección General de Justicia volvió a ponerse el lunes en contacto con el ministerio, que reconoció que las incidencias eran comunes a toda España. Esa misma tarde, el Gobierno asturiano propuso a la Administración central la instalación de la versión 1.7 de Java como posible solución, que el Ministerio de Justicia no recomendó hasta las 15:00 horas de ayer. Tras proceder a dicha actualización, por la noche quedaron solucionados los fallos de funcionamiento en los mismos equipos y con el mismo sistema operativo.
El expediente judicial electrónico
El Gobierno autonómico inició en marzo el proceso de migración al sistema operativo Windows 7 ó 10 en los ordenadores de los órganos judiciales como condición previa para la implantación de la justicia digital en Asturias. Estos trabajos, que son la culminación del proceso iniciado en 2015 para la implantación del expediente electrónico, discurren con independencia del sistema de comunicación Lexnet que opera en el Principado desde 2010, cuando se suscribió un convenio por el que se cedían a la comunidad autónoma los derechos de uso de este sistema de telecomunicaciones.
Al iniciar la pasada legislatura, Lexnet era operativo solo en 62 sedes judiciales. El Gobierno de Asturias culminó su implantación en los 109 órganos del Principado. Además, desde el 1 de enero de 2016 el conjunto de profesionales judiciales lo utiliza en sus comunicaciones y en la presentación de escritos.
Por su parte, las actuaciones realizadas desde hace tres años para la implantación del expediente judicial electrónico suman 1.072.400 euros: 78.047 aportados por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana; 497.733 por la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC) y 495.499 procedentes del Gobierno de España.
Estas inversiones han permitido adquirir 1.438 monitores para completar la dotación de una segunda pantalla a todo el personal; 33 equipos de videoconferencia; escáneres; 185 ordenadores personales para la renovación de los equipos, 48 de ellos para todos los fiscales; la sustitución de 90 impresoras; la compra de tres proyectores con su correspondiente pantalla; la adquisición de nuevos servidores y licencias software; y la adquisición de 123 tablets para que los órganos judiciales y los fiscales dispongan de esta herramienta en las salas de vistas u otras funciones que faciliten su labor judicial.
El esfuerzo inversor del Gobierno se mantendrá este año a pesar de la situación de prórroga presupuestaria con, entre otras acciones, la inversión de 1.806.100 euros para dar continuidad al proceso de modernización tecnológica mediante la instalación de un nuevo sistema de grabación de vistas judiciales y la adquisición de nuevas licencias y actualización de sistemas operativos.
La digitalización del sistema judicial en el Principado se ha llevado a cabo cumpliendo todos los prerrequisitos técnicos que el ministerio exigió. La migración al nuevo sistema operativo constituye precisamente la última fase de las actuaciones.
A pesar de que el Consejo de Gobierno autorizó en noviembre la firma del convenio con el Ejecutivo central para la transferencia de soluciones tecnológicas y su posterior modificación en febrero de 2018, aún no se ha podido proceder a su firma por parte del ministerio. A juicio de la directora de Justicia, Encarnación Vicente, esta falta de corresponsabilidad se demuestra también en la falta de respuesta a las reiteradas peticiones planteadas para establecer un calendario conjunto de implantación.