El Principado de Asturias ha exigido al Ministerio de Justicia una solución urgente al problema que afecta desde el pasado viernes a la mayoría de juzgados asturianos a causa del fallo sufrido por la aplicación informática Lexnet, utilizada por los diversos órganos y profesionales de la administración judicial para comunicarse.
La directora general de Justicia, Encarnación Vicente, ha remitido una carta a la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, en la que reclama que “de manera urgente” se ofrezca una solución a los problemas recurrentes de los últimos meses. El más reciente es el registrado en la aplicación Lexnet, que el Principado achaca a las actualizaciones impulsadas por el ministerio “sin comunicar previamente al Principado la necesidad de contar con requisitos técnicos adicionales” para llevarlas a cabo con éxito.
“Desde el primer momento hemos informado sobre las dificultades del proceso y, pese a que se ha estado buscando una solución, a día de hoy no se ha resuelto este grave problema, por lo que exigimos celeridad”, recoge la carta remitida a José Luis Hernández Carrión.
El Gobierno autonómico inició en marzo el proceso de migración al sistema operativo Windows 7 ó 10 en los ordenadores de los órganos judiciales como condición previa para la implantación de la justicia digital en Asturias, pero en ningún momento se comunicó desde el ministerio que fuera un requisito necesario para el funcionamiento de Lexnet, que se mantenía operativo hasta la actualización de la pasada semana, ni tampoco para las demás aplicaciones informáticas.
La digitalización del sistema judicial en el Principado se ha llevado a cabo cumpliendo todos los prerrequisitos técnicos que el ministerio exigió. La migración al nuevo sistema operativo constituye precisamente la última fase de las actuaciones.
A pesar de que el Consejo de Gobierno autorizó en noviembre la firma del convenio con el Ejecutivo central para la transferencia de soluciones tecnológicas y su posterior modificación en febrero de 2018, aún no se ha podido aún proceder a su firma por parte del ministerio. A juicio de la directora de Justicia, esta falta de corresponsabilidad se demuestra también en la falta de respuesta a las reiteradas peticiones planteadas para establecer un calendario conjunto de implantación.