Madrid, 6 abr (dpa) – La salida de prisión del independentista catalán Carles Puigdemont, liberado además del cargo de rebelión por un tribunal alemán, supone un mazazo al Gobierno y la Justicia en España y socava gravemente la estrategia del país para frenar la mayor amenaza a su democracia en décadas.
Analistas y políticos se lanzaron hoy a intentar explicar el nuevo escenario abierto tras la inesperada medida anunciada a última hora del jueves por la Justicia alemana, uno de los movimientos con mayor impacto en el largo ajedrez político que el Estado español juega desde hace medio año con los independentistas catalanes.
La primera consecuencia es de corte político y moral: mientras la noticia fue recibida con frustración en el Gobierno de Mariano Rajoy, que hoy se limitó a recordar que «respeta y acata» las decisiones judiciales, el independentismo la vivió como reivindicación eufórica de sus tesis y de la figura de Puigdemont.
«No hay excusa para los políticos españoles de empezar un diálogo para encontrar una solución política a nuestras demandas», reclamó el propio ex presidente catalán al abandonar hoy la prisión de Neumünster, donde pasó 12 noches desde su arresto en virtud de la orden de detención europea enviada por España.
Pero el impacto del paso dado por la corte de Schleswig-Holstein va más allá de lo anímico y cambia de forma muy concreta el horizonte penal de Puigdemont. Al descartar el cargo de rebelión por no ver que se produjera la violencia que implica, la Justicia alemana impide que el independentista pueda ser juzgado en España por ese delito.
Es una buena noticia para Puigdemont, que ahora podría ser entregado a España solo por malversación de fondos públicos para organizar su plan independentista en Cataluña (penado con hasta 12 años de prisión) y salvarse así de las penas de hasta 30 años que implica la rebelión.
El problema para la Justicia española -y el tercer gran impacto de la decisión alemana- es que ese giro afecta a toda su estrategia en la crisis catalana. Además de Puigdemont, otros 12 de los 25 procesados independentistas lo están por rebelión, el aspecto más polémico de la causa y el más cuestionado no solo por sectores soberanistas.
Penalistas y expertos alertaron desde un principio que la ruptura constitucional impulsada por Puigdemont carecía de la violencia que supone el delito de rebelión. «La imputación de violencia tiene que ser directa a las personas encarceladas», dijo la semana pasada a dpa el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.
No es el único revés europeo para Pablo Llarena, el juez a cargo de la causa en el Supremo. Después de que se conociera la decisión judicial en Alemania, un juez belga dejó en libertad sin fianza a tres ex consejeros (ministros regionales) de Puigdemont prófugos en Bruselas hasta que se resuelva la entrega solicitada por España.
Se trata del cuarto efecto de la crisis: el disenso judicial enrarece la relación entre socios europeos en horas bajas para la Unión Europea (UE), al poner en duda «lo que dice ser: un espacio de alianzas suscritas por países amigos que se protegen de sus viejos atavismos mediante la confianza en el derecho compartido, plasmado en figuras como la euroorden», sostuvo hoy un editorial de «El Mundo».
El diario, sin embargo, apuntó contra otro gran perdedor de la malograda deriva europea de la causa contra el «procès» catalán: Mariano Rajoy y su Gobierno. «No sólo no abordó a tiempo el desafío separatista, sino que tampoco se ha preocupado por hacer pedagogía de su verdadera naturaleza por Europa», acusó el editorial.
El Gobierno español no logró frenar a tiempo el proceso secesionista, culminado incluso con la proclamación unilateral de una nueva república el 27 de octubre en el Parlamento catalán; ni desmovilizar al independentismo, que repitió mayoría absoluta en las elecciones de diciembre; ni explicar la crisis en el exterior, donde diversos medios acusaron a Madrid de judicializar un problema político.
La libertad de Puigdemont constata una vez más esa triple impotencia del Gobierno ante la crisis institucional más grave afrontada por la democracia moderna española. La imagen del independentista hablando con orgullo ante la prensa fuera de la prisión -quinta consecuencia de la decisión alemana- representa una dura derrota de Rajoy.
Por Pablo Sanguinetti (dpa)