Barcelona/Berlín/Neumünster, 26 mar (dpa) – La justicia alemana decidió hoy mantener en prisión al ex dirigente catalán Carles Puigdemont a la espera de una posible extradición a España en el mismo día en que desde Barcelona el bloque independentista impulsó un nuevo proyecto para lograr su investidura como presidente regional.
«Les puedo comunicar brevemente que el tribunal ha dispuesto que el señor Puigdemont continúe en custodia policial», declaró hoy Georg Güntge, Fiscal General de la región de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania.
La larga crisis abierta por el plan soberanista en Cataluña vivió así otra jornada intensa en dos frentes: la ciudad alemana de Neumünster, donde Puigdemont declaró ante una juez un día después de ser detenido cerca de la frontera con Dinamarca, y Barcelona, donde el soberanismo cerró filas en torno al ex presidente convocando para el miércoles un pleno parlamentario de urgencia que, en un giro de tuerca más, persigue colocar de nuevo al ex dirigente en el centro del poder.
La posibilidad de volver a investir a Puigdemont al frente del Gobierno catalán, que se vislumbra imposible desde el punto de vista legal mientras se encuentre en prisión o fuera de España, no frenó sin embargo este lunes a las formaciones independentistas, quienes avanzaron en esa dirección al convocar el pleno urgente del miércoles.
La cámara debatirá ese día dos resoluciones que piden «adoptar todas las medidas necesarias» para garantizar «los derechos políticos» de Puigdemont, incluida su posible investidura. Lo mismo reclaman para Jordi Turull, otro candidato del independentismo a presidir Cataluña que se encuentra en prisión preventiva en Madrid.
«Con los elementos que tenemos, hay que ver cómo hacemos a Puigdemont presidente, no simbólico, sino presidente de verdad», señaló Elsa Artadi, portavoz de la plataforma Junts per Catalunya (JxCat) de Puigdemont, antes de que se convocara el pleno.
Las resoluciones reclaman también «la puesta en libertad inmediata» de los otros líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva. Entre ellos figura el «número dos» de Puigdemont en las elecciones del 21 de diciembre, Jordi Sànchez, que hoy anunció su intención de ser investido presidente tras un primer intento fallido.
La convocatoria del miércoles y la vuelta a primer plano de tres candidatos que están procesados o detenidos indignaron a los antiindependentistas.
El partido Ciudadanos, el más votado en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, reclamó la renuncia del presidente del Parlamento en Barcelona, Roger Torrent, al considerar que usa la Cámara de forma «arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas y faltando a la neutralidad institucional que le es debida».
La tensión volvió a escalar en Cataluña después de que Puigdemont fuese detenido el domingo tras ingresar en coche a Alemania desde Dinamarca, lo que generó ya durante la noche multitudinarias protestas en Barcelona que acabaron con un centenar de heridos y nueve detenidos.
Siguiendo el proceso establecido por la orden europea de detención presentada por el Supremo español el viernes, Puigdemont declaró esta tarde ante una jueza alemana en una comparecencia que se prolongó durante tres horas y media.
«(Puigdemont) dio una impresión de tranquilidad. Él mismo expuso sus objeciones contra la posibilidad de ser extraditado», relató el Fiscal General a los periodistas destacando que la vista se había celebrado en un «ambiente muy profesional».
A la espera de que se resuelva su entrega a España, un paso que podría demorarse entre diez y 60 días, el ex presidente catalán permanecerá en la cárcel de Neumünster, donde ya pasó su primera noche entre rejas.
«Ahora nos encontramos en el proceso de extradición», agregó el fiscal jefe Güntge para a renglón seguido precisar que esto no significa que ya haya sido tomada una decisión sobre la entrega del político soberanista a las autoridades españolas, sino que tan solo es inicio del proceso.
«El Tribunal Superior Regional de Schleswig es ahora el que tiene que decidir. Le remitiremos de inmediato el expediente», manifestó.
El nuevo huésped alborotó la localidad de Neumünster, donde una treintena de periodistas de varios países desafiaron temperaturas cercanas a los cero grados y una neblina gris para apostarse delante del correccional a la espera de noticias. Un grupo antifascista anunció luego una protesta para pedir la liberación del catalán.
A la espera de noticias judiciales, llegaron las primeras políticas tanto en Madrid como en Berlín, dos Gobiernos que mantienen una buena sintonía.
«Creo que a los demócratas que confiamos en el Estado de derecho nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país todos somos iguales ante la ley y nadie puede infinitamente seguir burlándose de la Justicia», dijo la «número dos» de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sede del Gobierno español.
El Ejecutivo de Angela Merkel, entre tanto, tomó distancia de la decisiones judiciales y de asuntos internos de España, pero volvió a despejar cualquier duda sobre su apoyo a Madrid.
«España es un Estado democrático. Desde nuestro convencimiento y nuestra experiencia, España es un Estado constitucional. Este conflicto se debe solucionar en base al derecho español», aseguró el portavoz de Merkel, Steffen Seibert.
Por Pablo Sanguinetti, María Prieto y Laura Aráoz (dpa)