El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, las hace suyas y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales y las fuerzas políticas que quieran sumarse porque tienen un valor incalculable y cuentan con el aval de las asociaciones del sector que las incluyen en sus reivindicaciones.
Catalá ha lamentado que varias fuerzas políticas hayan abandonado esa Subcomisión que fue aprobada por unanimidad, suponía el cumplimiento de la medida más importante suscrita en el acuerdo entre PP y Ciudadanos y había colocado a la Justicia entre una de las prioridades del Estado. Así lo ha manifestado el ministro en el Foro Debate Procuradores «La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?», en el que han participado los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia del Congreso. Esa pregunta ha recibido el sí rotundo de Catalá, que ha asegurado que la reforma de la Justicia merece un acuerdo a pesar de que otros no hayan contribuido a que lo hubiera.
En esa línea, el ministro se ha comprometido a trabajar para que durante el primer semestre del año se puedan mejorar los mecanismos de cooperación jurídica internacional, como ya se ha propuesto hacer con la regulación de la Orden Europea de Investigación, con la que se pretende facilitar la obtención de pruebas en asuntos judiciales de dimensión transfronteriza; para contar con una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que incorporará el reglamento europeo a nuestro ordenamiento y perfeccionará el actual régimen español en materia de transparencia, control, prevención y corresponsabilidad; y para impulsar la reforma del Código Penal que permita transponer directivas europeas a nuestro derecho en el ámbito financiero y en la lucha contra el terrorismo.
De cara al segundo semestre del año, el ministro ha señalado que es intención de su departamento reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los tiempos de respuesta y que sea más eficaz en la persecución del delito; que la Fiscalía cuente con un nuevo Estatuto Orgánico que atienda a las necesidades formativas, operativas y profesionales del Cuerpo; y trabajar en un nuevo Código de Comercio y en la revisión del derecho español de obligaciones y contratos.
El ministro ha expresado también su voluntad de alcanzar acuerdos en materia salarial y en los ámbitos formativos y de promoción profesional de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y todos los funcionarios de la Administración de Justicia.
Además, se ha comprometido a crear 75 nuevas unidades judiciales y 300 nuevas plazas de jueces y fiscales, así como a trabajar para mejorar la percepción de independencia de la Justicia, para lo que es necesario revisar el sistema de elección de vocales del CGPJ, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los tribunales superiores de Justicia y regular las situaciones de tránsito profesional entre la Justicia y la política.