Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia urgente de la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, para que explique la qué medidas piensa adoptar para evitar que se ponga en marcha la nueva regulación sobre purines en Asturias. El coordinador general, Ramón Argüelles, aseguró que el sector ganadero no es el problema y que existen alternativas que permitan excluir a la Comunidad de esta normativa. “Creemos que en Asturias no es un problema real, porque no hay una contaminación real; creemos que hay que hacer esa singularidad”, señaló el dirigente.
La nueva regulación se adopta para evitar que el uso de los purines pueda impactar en el medio ambiente. Sin embargo, en el caso Asturiano, dado el tipo de explotaciones, no se han registrado problemas ni de calidad de aire ni de las aguas derivados de la actividad agraria. De hecho, las muestras que se recogen nunca han señalado concentraciones preocupantes para la salud de metano o amoniaco procedentes de la actividad agraria.
El nuevo modelo de gestión supondría, enfatizó el coordinador general de IU, un nuevo varapalo para la ya difícil situación económica de las explotaciones ganaderas asturianas, que no sólo perderían un material valioso como fertilizante sino que además tendrían costes añadidos para deshacerse de los purines. “Es un modelo que creemos que en Asturias hay alternativas, que perjudica al sector, porque 1.000 litros de purines tratados en una planta cuesta 4 euros, con lo cual, una explotación media que al año produzca dos millones de residuos, serían unos 8.000 euros”.
Para IU hay razones objetivas para reclamar la excepción, tanto por clima, como humedad, terrenos y cabaña ganadera, que hace que los riesgos de contaminación por purines o estiércol sea diferente al de otras zonas de la península y que, en cualquier caso, debe plantearse en una aplicación modulada que no supongan el estrangulamiento de todo un sector. Así, para la formación es ahora prioritario que el Gobierno de Asturias se vuelque en evitar la implantación en Asturias de la norma de manera draconiana, acabando con la incertidumbre generada en el sector.