El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y Cruz Roja Española han firmado el convenio por el que la empresa pública aportará, durante los cuatro años de vigencia del mismo, un total de 60,2 millones de euros, que irán destinados a financiar parte de la labor social que realiza la organización no gubernamental.
De la misma forma, el acuerdo prevé dar continuidad a la celebración del sorteo anual no finalista de Lotería Nacional denominado «Sorteo de Cruz Roja», manteniendo la tradición iniciada en 1924, año en el que se celebró el primero de estos sorteos.
En los últimos diez años, desde que comenzó la crisis económica, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha aportado a los Presupuestos Generales alrededor de 26.600 millones de euros, de los que una media del 28%, es decir, casi 7.450 millones de euros, han servido para financiar el gasto social del Estado, desde la Sanidad o la Educación a los servicios sociales.
Programas sociales
El convenio da prioridad una serie de programas de Cruz Roja dirigidos especialmente a colectivos vulnerables. Así, prevé la colaboración en el programa de atención a personas mayores, que se centra en la prestación de servicios sociales y asistenciales y del que se beneficiarán 242.000 personas. Igualmente aportará financiación para la labor de atención a personas con discapacidad, dirigido a la inserción social y laboral de unas 48.000 personas.
Otra parte del convenio contempla financiar el programa de atención social a mujeres en situación de dificultad social, al que se acogerán 40.000 mujeres y más de medio millón de personas podrán hacer lo propio en otra de las actuaciones financiadas fruto del acuerdo, en concreto, en la que va dirigida a atender a aquellas personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, en riesgo de pobreza o exclusión.
Además, el convenio prevé una partida para para el programa de la ONG dirigido a promover hábitos y conductas saludables, en el que participarán 370.000 personas, y reserva una dotación económica para la formación de voluntarios de la entidad, que cuenta en la actualidad con más de 200.000 personas que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás. Del mismo modo, se destinará parte del dinero a la inversión en vehículos y centros de actividad.
El acuerdo, en definitiva, va en la línea del compromiso que mantiene el Gobierno con las asociaciones y entidades que trabajan por el bienestar de las personas y refuerza la política social a la que el Estado destina cada año más de 300.000 millones de euros. De hecho, el gasto social se ha incrementado incluso durante los años de la crisis, destacando el destinado a protección social, que ha pasado de 180.000 millones de euros en 2011 a 188.000, en 2016, y que superará los 192.000 millones de euros en 2017.