La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, en el que están representadas las organizaciones ecologistas, sindicales, empresariales y agrarias, entre otras entidades.
Durante el Consejo, el primero presencial en esta XII Legislatura, se ha abordado el estado de la tramitación de diferentes normativas medioambientales que impulsa el Ministerio, además de informar sobre diversas actuaciones e iniciativas que acomete también el departamento que dirige García Tejerina. La ministra ha estado acompañada en el Consejo por la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez.
Proyecto de Real Decreto Área Marina Protegida
García Tejerina ha informado, entre otros asuntos, sobre el proyecto de Real Decreto de declaración del área marina protegida (un régimen de protección preventiva) del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, cuya consulta pública concluirá este mes, y que ayer se elevó a la Secretaría de la 20ª Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona para su inclusión oficial como ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo) en la próxima Conferencia.
Este área es una franja continua de aguas territoriales españolas de una superficie de más de 46.000 km2 y de 85 km de anchura media, que discurre entre la costa catalana y la valenciana y el archipiélago balear. Se trata de un espacio singular como ecosistema de gran valor ecológico, utilizado como corredor de migración de cetáceos y, por lo tanto, fundamental para su supervivencia. Esta zona, además, la utilizan como ruta migratoria aproximadamente 3.500 rorcuales comunes y un censo de más de 6.000 delfines, además de otras especies en menor densidad.
Apuesta de este Gobierno por la protección del medio marino
La ministra ha destacado que este proyecto «supone un avance muy importante en la protección y conservación del medio marino, a través de la declaración de la segunda Área Marina Protegida y décima ZEPIM de nuestro país», y constituye «una prueba más de que éste es el Gobierno que apuesta por la protección de nuestros mares».
García Tejerina, en este sentido, ha recordado «el gran esfuerzo realizado en la protección de nuestros mares en la Legislatura 2011-2015 al aumentar del 1 al 8 % la superficie marina protegida».
«Hemos llevado a cabo una intensa labor de investigación y, con la aprobación de este Real Decreto -ha añadido la ministra-, la superficie de aguas marinas protegidas en España alcanzará el 13%, frente al 8% actual, superando el objetivo inicialmente marcado para esta Legislatura».
La ministra ha detallado otros avances en la protección marina, como la elaboración de las Estrategias Marinas de España (las mejores del Mediterráneo y las segundas mejores del Atlántico para la Comisión Europea); el compromiso de la aprobación de los Planes de gestión de los 10 nuevos enclaves marinos protegidos (LIC) -y elevarlos a la categoría de Zona de Especial Conservación (ZEC), con mayor grado de protección- y de 46 zonas protegidas para aves marinas (ZEPAS); la reciente creación de la undécima reserva marina, en Cabo Tiñoso (Murcia); o el objetivo de ampliar la Red de Parques Nacionales en el ámbito marino.
Futura ley de cambio climático y transición energética
García Tejerina ha informado al Consejo de los pasos que está dando el Gobierno para la elaboración de una Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética con la que definir un marco para garantizar una transformación ordenada hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima y que garantice el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España.
La ministra ha puesto el acento en la «clara voluntad» del Ejecutivo por dialogar con todas las partes y conseguir que sea «una ley de todos», por lo que se está elaborando tras lanzar un proceso abierto y participativo con numerosos hitos para asentar las bases de este consenso y asegurar la máxima participación social.
García Tejerina ha detallado estos hitos, desde la creación de un grupo de trabajo interministerial que asegure la coherencia de las actuaciones contempladas en la futura Ley, la creación de una Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética a una economía baja en carbono, las jornadas de debate de mayo en la que más de 400 expertos aportaron su conocimiento, o la consulta pública llevada a cabo y que ha recibido más de 300 aportaciones de todos los ámbitos de la sociedad. Se trabaja, además, para implicar a todos los grupos políticos en la elaboración de la Ley para que se elabore con el máximo consenso.
El Gobierno, tras analizar todas las aportaciones, trabaja en la preparación de un borrador de anteproyecto de Ley que recoja las principales preocupaciones de todos los sectores y agentes sociales, que se prevé que esté listo en el primer trimestre de 2018, y que se presentará en el Consejo Nacional del Clima.
Estrategia española de la economía circular
La ministra ha informado también al Consejo sobre la elaboración de la Estrategia Española de Economía Circular, consciente el Gobierno «de la importancia de incorporar la economía circular como elemento clave para favorecer el cambio a un modelo de desarrollo sostenible que permita maximizar los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo y reducir la generación de residuos».
García Tejerina ha explicado que su Ministerio elabora esta Estrategia junto con otros ocho Ministerios, y que se prevé que esté aprobada y en pleno funcionamiento en 2018.
La ministra ha recordado que el proceso de elaboración de esta Estrategia se inició con unas Jornadas de Alto Nivel, en septiembre, que contó con la presencia del comisario europeo de Medio Ambiente, Pesca y Asuntos Marítimos, y con la participación de un nutrido grupo de expertos y de todos los agentes implicados.
«Queremos que la Estrategia sea fruto de las aportaciones de todos, para que pueda desplegar plenamente sus efectos en cuanto al impulso de la economía, a la creación de empleo, al ahorro de costes por menor utilización de recursos y especialmente a la protección medioambiental. Para ello, se ha hecho necesario integrar todas las políticas nacionales vinculadas con la economía circular», ha resaltado García Tejerina.
Por ello ha sido muy importante contar con la participación de las administraciones autonómicas y locales, de las asociaciones empresariales en representación de fabricantes, distribuidores y gestores de residuos, de los consumidores y usuarios y de las organizaciones sindicales y ambientales. Al igual que con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se trabaja para implicar a todos los grupos políticos en su elaboración, para que nazca con el máximo consenso.
La Estrategia, que será sometida próximamente a información pública, propone el reto de que la economía en España sea circular en 2030, y se irá trabajando a través de sucesivos planes de acción que permitan incorporar los ajustes necesarios para culminar la transición en esa fecha.
Información de otras normativas y actuaciones
La ministra ha informado también al Consejo Asesor de Medio Ambiente del avance de otras normativas y actuaciones, entre los más destacados la tramitación del proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, que incorporará a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva comunitaria.
Este proyecto de Real Decreto prevé cobrar las bolsas de plástico (salvo las muy ligeras) hasta su prohibición definitiva en 2020 (salvo las de material compostable). Tras estudiar las alegaciones recibidas en la información pública, el texto se encuentra para estudio de la Comisión Europea como norma técnica. Después deberá emitir dictamen el Consejo de Estado para su posterior aprobación por Consejo de Ministros, que se prevé en el primer semestre de 2018.
Además, se ha informado al Consejo Asesor de las actuaciones de emergencia para el rescate de 215 ejemplares de nacra (pinna nobilis), molusco endémico del Mediterráneo en peligro de extinción que fue declarado «en situación crítica» el pasado mes de julio por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.