(dpa) – Aquel julio de 2010, las españolas Clara y Marta querían bailar y pasarlo bien en el festival de música tecno Loveparade de Duisburgo (Alemania), pero sus vidas encontraron un trágico fin en una avalancha que también dejó 650 heridos y un sinnúmero de traumatizados.
Siete años más tarde, la justicia alemana tratará de dilucidar quién tuvo la culpa de una de las peores catástrofes de la historia reciente del país, que vio morir a las jóvenes estudiantes de Tarragona y a otros 19 más de cinco países aplastados en el único túnel de acceso al festival.
Más de cien vistas están previstas en este proceso ante el tribunal regional superior de Duisburgo tras años de investigaciones, en los que se tomó declaración a 3.409 testigos y se presentaron informes y contrainformes.
Pese a que los resultados arrojaron errores garrafales en la planificación y la realización del megaevento, los organizadores, la Policía y la municipalidad se echaron la culpa unos a otros y un tribunal de primera instancia acabó rechazando la acusación en abril de 2016 por falta de sospecha fundada.
Los jueces desestimaron un informe central de la acusación, encargado al británico experto en situaciones de pánico Keith Still, alegando que adolecía de serias falencias.
Sin embargo, la Fiscalía alemana y las acusaciones particulares recurrieron el fallo y en agosto, el tribunal regional superior abrió el juicio en el que cuatro empleados de la empresa organizadora del festival, Lopavent, y seis del municipio de Duisburgo se sentarán en el banquillo acusados de homicidio y lesión corporal grave por negligencia.
La Fiscalía afirma que los empleados de la empresa de eventos planearon un sistema deficiente de entrada y salida al recinto, una rampa en un túnel que se convirtió en trampa mortal para los jóvenes.
Los empleados públicos son acusados de haber otorgado el permiso municipal pese a que las condiciones no estaban dadas para un festival de estas dimensiones y que por lo tanto no había garantía de seguridad.
Según se supo después del accidente, las autoridades habían dado luz verde para la concurrencia de unas 250.000 personas, pero el número de asistentes fue de casi el doble.
Sin embargo, familiares de las víctimas creen que los verdaderos culpables son otros: el dueño de la empresa de eventos Rainer Schaller y el entonces alcalde de Duisburgo, Adolf Sauerland.
«Sauerland fue el (…) que dijo sí y amén a los lobos que querían ganar dinero», cita el diario «Süddeutsche Zeitung» a Paco Zapater, padre de Clara, la estudiante de 22 años que murió en la tragedia.
La fiscalía, por el contrario, consideró que no había indicios de que Schaller o Sauerland hubiesen tenido influencia en la planificación o la autorización del festival. Ambos serán llamados a declarar como testigos.
Paco y su esposa Nuria estarán mañana entre las cerca de 500 personas que acudirán a la primera vista que tendrá lugar en el centro de convenciones de Düsseldorf. El matrimonio de Tarragona es uno de los 60 querellantes particulares.
«Para mí, Alemania siempre fue un país en el que todo funciona. Si no, no hubiera permitido que mi hija fuese allí», explicó al diario Nuria Zapater, para quien que nada ha funcionado, ni el festival ni la forma en la que actúa la Justicia.
«El proceso representa una enorme carga emocional para los familiares y los heridos», admitió Jürgen Widera, presidente de una fundación de damnificados «Duisburg 24/7/2010», que durante las vistas pondrá a disposición a psicólogos para asistir a los deudos.
El tiempo apremia en este proceso que se ventila ante la sexta sala penal del tribunal superior de Duisburgo. Antes de finales de julio de 2020 debe dictarse un primer fallo porque, de lo contrario, el caso prescribirá por completo.
«Esperamos ante todo que se esclarezca qué circunstancias y qué responsabilidades llevaron a la catástrofe», señaló Julius Reiter, el abogado de los Zapater y de otros once familiares.
«Nosotros esperamos un resultado que no sea una condena», señaló por su parte Kerstin Stirner, defensora de uno de los empleados de la empresa de eventos.
«Hay que determinar las culpas individuales. Si esto no es posible tiene que haber una absolución». La letrada sostiene que el caso es demasiado complejo como para llevarlo ante la Justicia.
Hasta finales de 2018 han sido fijadas un total 111 vistas. La defensora Stirner cree no serán suficientes. «Puede pasar que lleguemos efectivamente a la fecha de prescripción».
Por María Laura Aráoz