El Gobierno asturiano se compromete a consolidar las prestaciones sociales a través de la Ley de Garantía de Mínimos vitales antes de abril de 2018, fruto de la insistencia de IU y del pacto de investidura. Así lo puso de manifiesto la consejera de Servicios y Derechos Sociales en la presentación del presupuesto para el próximo ejercicio, que también será el año de la nueva ley de servicios sociales y otra para regular los conciertos sociales. Esta normativa será “un paso de gigante en la atención de personas con dificultades”, explicó Pulgar.
Pulgar, diputada de IU, responsable de los asuntos de la mencionada consejería puso el acento en su intervención en los puntos en los que IU se ve reconocida en este presupuesto social, aunque también expresó la desconfianza en la gestión de las políticas que realiza el Ejecutivo de Javier Fernández, que debe ser ágil para llegar a las personas. “Parece que contamos con buenos instrumentos haga que la música suene bien”, demandó la diputada de IU.
IU se ve reconocida en las políticas destinadas a combatir la pobreza energética, y la pobreza infantil, en el salario social al que este año se dedicarán 120 millones de euros, en las políticas de garantía habitacional y la consolidación de la vivienda pública y Vipasa, o en los programas de envejecimiento activo. “Esperamos que eso no se quede en números, sino que definan una consolidación de un modelo de servicios sociales esforzado en atender la lucha contra la pobreza y vencer los obstáculos que tienen las personas vulnerables, las que han sufrido la crisis, y su reflejo es la concreción en esa Ley de Garantía de Mínimos Vitales. Marta Pulgar, en referencia al calificativo del grupo popular de «pozo sin fondo» para el salario social, recordó que IU lo considera «una inversión que repercute en la sociedad, en la economía de Asturias, es una fortaleza más».
En el déficit del departamento está la desconfianza en la gestión de las políticas y ejemplo de ello es: que siguen sin resolver las revisiones del salario social y sin cumplir plazos tanto en revisiones como en solicitudes, agravado con que este año contaran con 6 personas menos en el equipo, explicó la diputada de IU. Otro debe de gestión es la tendencia privatizadora en el ERA, la desaparición de grupos d y e, de operarios de servicios y otros de atención directa como los profesionales que trabajan la estimulación activa de los mayores.