El Parlamento asturiano admitió a trámite esta mañana una Proposición de Ley de Recuperación de la Memoria Democrática en Asturias, a propuesta de IU, con los votos a favor de la coalición, PSOE, Podemos y Ciudadanos y el rechazo de los dos grupos de la derecha, PP y Foro Asturias. El inicio del debate de esta Proposición de Ley en la Junta General supone resarcir a muchos ciudadanos que han luchado contra la dictadura y por los derechos democráticos y la republica, la justicia para las víctimas y la memoria y la reparación, como explicó Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Junta General. También para que no exista la repetición, en un momento histórico como es la celebración de los 40 años del inicio de la Transición. “Supone la justicia para las víctimas”, dijo Llamazares. A juicio de Llamazares la esta iniciativa “se la debemos a muchos ciudadanos que han luchado contra la dictadura y por los derechos democráticos. Se lo debemos porque el futuro está hecho del trabajo de nuestros hijos y de la memoria de nuestros abuelos”, explicó.
La iniciativa de IU no nace huérfana, sino que sigue la línea de otros textos legislativos en tramitación como Valencia o Extremadura y otras ya aprobadas como las de Cataluña o Andalucía para complementar la ley estatal de memoria histórica, paralizada desde la llegada al Gobierno del PP. En Asturias, reconoció Llamazares, la ley tiene un territorio fértil, porque ya hay un mapa de fosas, con una actualización en trámite; una propuesta retirada símbolos; un catálogo de vestigios y digitalización de archivos y la promoción de la investigación en la Universidad, aunque todos estos instrumentos, según Llamazares “merece la pena integrarlos y elevar el rango legal para proteger los derechos de las víctimas y su memoria”.
La Ley recoge la elaboración de un censo de víctimas, no solo desaparecidos o de las que yacen en cunetas, sino cualquier persona que sufrió la represión, exiliados, deportados, esclavizados, los reprimidos por orientación sexual o los bebes robados, … También la elaboración plan de localización e identificación de restos y fosas comunes en el marco de un procedimiento judicial válido, medidas de reparación y reconocimiento cívico y jurídico para las víctimas del franquismo, incluyendo el hacer coparticipes de las medidas de reparación a las organizaciones empresariales o de cualquier otro tipo que se hayan visto beneficiados por trabajos forzados; por otro lado, pide el reconocimiento de los lugares de la memoria democrática de Asturias, donde se hayan producido hechos relevantes, que serán protegidos y dotados de material interpretativo.
La Proposición de Ley incluye la constitución de entidades como el Instituto Asturiano de la Memoria Democrática para el estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en esta ley, como órgano de carácter administrativo, y el Consejo de la Memoria Democrática como espacio de coordinación con el movimiento memorialista de la comunidad.
Respecto al apartado educativo la ley recoge: La Memoria Democrática estará incluida en el curriculum de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos; la actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, incorporando los nuevos enfoques y resultados de la investigación historiográfica en los últimos años; La elaboración de materiales didácticos que presenten una visión motivadora y veraz de los acontecimientos históricos y de la vida cotidiana de ese periodo. La incorporación a la Formación Permanente del Profesorado de actividades de actualización científica y didáctica, en relación con el tratamiento escolar de la guerra y la dictadura, con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas.
La Administración del Principado de Asturias impulsará, en colaboración con la Universidad de Oviedo, la investigación en materia de memoria histórica y memoria democrática mediante la consignación presupuestaria necesaria, que permita realizar proyectos de investigación que favorezcan el conocimiento de los hechos a los que hace referencia esta ley.
En cuanto al plazo de retirada de simbología franquista o cualquier otra contraria a los valores democráticos será de un año a partir de la entrada en vigor de la ley.
El texto de la ley reconoce que el procedimiento para la localización e identificación de restos se incoará de oficio por el Instituto Asturiano de la Memoria Democrática en el ejercicio de las competencias que le atribuye esta ley a instancia motivada de las entidades locales, las entidades memorialistas, los miembros de la comunidad académica y científica para las actividades de localización y el cónyuge de la víctima, sus descendientes, ascendientes o colaterales hasta el tercer grado. En este último caso la solicitud motivada deberá acompañarse de las pruebas documentales o de la relación de indicios que la justifiquen.
La ley incluye dos disposiciones finales en las que se insta al Gobierno de la nación a declarar la nulidad de los juicios del franquismo y a derogar la Ley de Amnistía de 1977, reclamada por el comité de Derechos Humanos de la ONU, que la considera un obstáculo para la efectividad de los derechos de verdad, justicia y reparación.