El Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha considerado que implantar un IBI diferenciado, incrementándolo a los edificios de mayor valor y de uso no residencial, es decir a edificios que principalmente se destinan a usos comerciales, hoteleros o industriales, tal y como han propuesto los grupos de Xixón Sí Puede, Izquierda Unida y el PSOE, penalizará la creación de empleo en la ciudad.
A juicio de Ciudadanos, además, se trataría de una medida arbitraria y con tistes algo populistas, ya que en la actualidad no hay ninguna justificación objetiva para subir impuesto cuando el Ayuntamiento de Gijón ha cerrado los últimos ejercicios con un importante superávit, así en 2015 hubo un remanente de 55,4 millones de euros y en 2016 de 38,9 millones.
“Si bien esto no quiere decir que no estemos preocupados por el margen cada vez más estrecho que tiene el Ayuntamiento entre ingresos y gastos corrientes, pero eso no se soluciona subiendo impuestos sino controlando más los gastos, y revisando algunos programas y medidas puestas en marcha por exigencias por parte de algunos de estos grupos y que conllevan importantes costes, que ahora pretenden sufragar con una importante subida de impuestos”, afirmó José Carlos Fernández Sarasola.
Pero además a Ciudadanos les preocupa los efectos que esta medida podría tener sobre la economía local, ya que consideran que hará que nuestra ciudad pierda competitividad y capacidad para atraer nuevos proyectos empresariales, así como dificultará la realización de inversiones por parte de las empresas.
“Subir impuestos en estos momentos a las empresas va totalmente en contra de lo que la economía de Gijón necesita, con ello sólo estamos dificultando y obstaculizando su competitividad y su capacidad para crear nuevos puestos de trabajo y, por tanto, para salir de la crisis”, concluyó.
Pero, además, también alertó que este efecto negativo no afectaría sólo a inversiones vinculadas a la competitividad empresarial o a la generación de empleo, sino también a aquellas que las grandes empresas deben acometer para reducir la contaminación.
“No tiene sentido que el mismo grupo que plantea subirle los impuestos a empresas como Arcelor esté también hablando de la posibilidad de ayudarle económicamente a acometer las inversiones necesarias para reducir la contaminación que genera. Es algo completamente contradictorio”, concluyó.