Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Junta General, pidió esta mañana al ejecutivo asturiano que aclare su posición sobre la negociación de la financiación autonómica, ya que hasta el momento el informe de los técnicos “globalmente es negativo” para Asturias y teme que lo que mal empiece mal acabe. El portavoz de IU, que dijo estar perplejo, demandó un acuerdo parlamentario para fijar la posición de Asturias, que el gobierno asturiano busque el acuerdo con las comunidades que salen perjudicadas por este modelo y defina su posición respecto a una comisión, denominada de expertos, que a juicio de Llamazares “no es tan de expertos”.
Llamazares advirtió que entre los pies forzados que significa este informe de la comisión técnica, que antecede a la negociación política, figura el principio de ordinalidad, -si una comunidad recauda más percápita podrá gastar más y, por el contrario, al revés- y beneficiará, por tanto, a las grandes comunidades; también repercutirá la supresión del statu quo para las comunidades autónomas. Ambas cuestiones sumadas suponen un perjuicio para Asturias. Recordó que el modelo simulado que plantea FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) con estas premisas supone la pérdida de 130 millones de euros a lo largo de cinco años.
Llamazares explicó que Asturias acudió a la financiación autonómica con el objetivo de financiar globalmente los servicios públicos esenciales y vuelve en este primer paso, el técnico, -que condiciona a los políticos- con la perspectiva de empeorar.
En ese primer paso se habla de un pacto de estado sobre qué estado que podemos financiar, dijo Llamazares al tiempo que subrayaba que con esta premisa entra la estabilidad presupuestaria. “Si ese es el planteamiento no tenemos nada que hacer, porque las comunidades tenderemos que repartirnos una financiación ya estable y no vamos a lograr una mejor financiación de los servicios públicos.”, dijo en el parlamento asturiano.
El portavoz de IU también incidió en que la composición territorial de una comisión de expertos condiciona el debate, porque beneficia a las comunidades mayores y perjudica a los menores.
Llamazares pidió a la Consejera de Hacienda que explique su posición y considera “inexplicable” que si Asturias no está de acuerdo con el informe no hubiese un voto particular, cuando sí lo hubo por parte de otras comunidades autónomas y hasta del experto designado por el Gobierno central.
Por su parte, la Consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, mantuvo que los informes mencionados por el portavoz de IU son un trabajo de expertos, de especialistas en la materia, que se suponen independientes, y que el Gobierno asturiano no puso encima de la mesa ninguna propuesta porque no es el momento de los gobiernos autonómicos. Carcedo convocará a finales de mes a los grupos parlamentarios para lograr “una única voz”, que integre también a los agentes sociales.
Carcedo aseguró que el Gobierno asturiano rechazará que en la futura negociación de la financiación autonómica se contemple la posibilidad de eliminar el principio de ‘status quo’ aplicado hasta ahora y que impedía que el nuevo modelo a aplicar supusiera perder fondos para ninguna comunidad respecto a los que venía percibiendo.
Además, el Principado, dijo, rechazará la aplicación del denominado sistema de ordinalidad. La Consejera aseguró en la Junta que defenderá la inclusión en el futuro sistema de nuevas variables para determinar el coste de la prestación de los servicios o una mayor desagregación por grupos de edad dado el incremento del coste sanitario que genera el envejecimiento poblacional bajo la premisa de que los servicios se presten en iguales condiciones en todas las comunidades.