El Gobierno deberá modificar una vez más el texto de la Ley de Buen Gobierno para resolver “las deficiencias estructurales” que han detectado nuevamente los servicios jurídicos de la Junta General. Así lo explicó Aurelio Martín, portavoz de IU y presidente de la ponencia, una vez que los letrados de la cámara consideran que el Gobierno tiene que modificar el artículo 17, no el 21, y la propia exposición de motivos del proyecto de ley. “Esperamos que el Gobierno acierte y nos mande el texto correcto con la modificación del artículo 17, que es el que hace referencia al régimen sancionador. La modificación supondría excluir del artículo 17 al Presidente y los Consejeros, o sea, sería una Ley de Buen Gobierno que no afectaría a Presidente y Consejeros, sí a Directores y Secretarios Generales”, advirtió Martín.
El régimen sancionador que ahora debería proponer la Ley de Buen Gobierno no afectaría al Presidente y a los consejeros, porque choca con el Estatuto de Autonomía y la Ley del Presidente, que establecen que el presidente lo elije el parlamento y solo puede cesar por moción de censura del parlamento, no por una sanción de los consejeros, como proponía inicialmente. “Quien redactó esa ley no conocía o no sabía que hay otras leyes que regulan estas situaciones y nos pone en una situación casi increíble desde el punto de vista de técnica legislativa”, dijo Martín.
El portavoz de IU, aseguró esta mañana que “la ley es una de las peores leyes, una de las más deficientes, que ha entrado en el parlamento y no lo decimos solo los parlamentarios, sino los servicios jurídicos, por eso pedimos al Gobierno que haga los deberes porque además estamos en tiempo límite”.
El principal problema de esta ley es arreglar las deficiencias estructurales que tiene, explicó al término de la reunión de hoy de la ponencia, para puntualizar que las enmiendas parciales, son otro reto, aunque “tendrán mejor solución”. “Sin solucionar los artículos que afectan al Estatuto de Autonomía, como son los de las sanciones, el 17 y el 21, no podremos solucionar las otras. Éstas afectan a la estructura de la ley y lo plantean los servicios jurídicos de la cámara”, reiteró
La ponencia se reunirá el próximo martes y los diputados esperan que el Gobierno mande los textos correctos esta misma semana.