El Gobierno de Asturias ha aprobado la primera línea de ayudas para la financiación de proyectos de investigación relacionados con la Ley de Memoria Histórica, que cuenta con un presupuesto de 25.000 euros. La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana ha definido las bases reguladoras de la iniciativa, dirigida a entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la recuperación y la difusión de hechos históricos de la guerra civil y la represión franquista.
Para la concesión de las ayudas se atenderá a criterios como el interés social de los proyectos, la difusión de estos en el ámbito educativo, la especialización de los equipos técnicos y la calidad técnica y originalidad de las propuestas. Los requisitos para optar a estas subvenciones se publican hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) y permitirán la financiación de:
– Estudios sobre fuentes documentales y su publicación; informes y documentos; testimonios orales; materiales didácticos e inventarios de elementos vinculados al periodo histórico.
– Organización de cursos, seminarios y conferencias.
– Organización de exposiciones y actos conmemorativos.
Esta medida se suma a la que aprobó el pasado miércoles el Consejo de Gobierno: la autorización de un convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo destinado a la actualización del mapa de fosas comunes y la base de datos de víctimas de la contienda y represaliados por la dictadura.
El Ejecutivo asturiano colabora con la institución académica desde 2003 para el desarrollo de trabajos de identificación de lugares de enterramiento de personas desaparecidas. Como resultado de esa cooperación, se elaboró un primer mapa de fosas donde figuraba la localización de 343 enterramientos en 55 municipios, que desde finales de 2010 se puede consultar de forma interactiva a través del siguiente enlace
Al mismo tiempo, existe una base de datos de las víctimas, también a disposición de los ciudadanos en el Archivo Histórico de Asturias. No obstante, los nuevos datos descubiertos hacen necesaria una revisión y actualización de los estudios.
Con estas acciones, el Gobierno de Asturias avanza en el cumplimiento efectivo de los compromisos de legislatura para impulsar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Entre las acciones realizadas esta legislatura figura también el nombramiento de una asesora técnica y la puesta en marcha una comisión de expertos, en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Federación Asturiana de Concejos (FACC), encargada de la elaboración de un catálogo de vestigios.