El diputado de FORO, Pedro Leal, ha calificado hoy como de “revés extra a sumar al caos de SOGEPSA los 9’2 millones que la entidad tendrá que abonar a los expropiados de Prados de la Vega”. Para Leal “finalmente se está dando la razón a los expropiados de la zona y se fuerza a SOGEPSA a pagar el metro cuadrado a un precio similar al que se pagó a la inmobiliaria, en concreto el doble, lo que supone 9,24 millones del bolsillo de los asturianos”.
Pedro Leal subrayó “la importancia de Auditoria realizada a raíz de una iniciativa de FORO en la Junta General, que está permitiendo conocer los desmanes llevados a cabo en SOGEPSA bajo el Gobierno de Areces y que encontraron amparo en la política claramente continuista de Javier Fernández. Ya es hora de que los socialistas expliquen el ‘pelotazo’ de la parcela 51 de Prados de la Vega, pagada a 120 euros el m2 a la inmobiliaria propietaria mientras que a los particulares se les pagaba menos de la mitad”.
“Las consecuencias de beneficiar entonces a la inmobiliaria o de perjudicar intencionadamente a unos propietarios sobre otros se recogen ahora, al tomar los tribunales como referencia ante los recursos presentados por los particulares los 120 euros pagados a aquella empresa, lo que implica hoy 9’2 millones mas de euros a pagar. Lo grave –añadió Pedro Leal- son las consecuencias para el erario de todos los asturianos, que se suman al daño causado a todos aquellos expropiados que fueron infrapagados y que hubieron de abordar largos procesos judiciales”.
El diputado de FORO considera que “este nuevo golpe económico profundiza en la única realidad de SOGEPSA, una solvencia a corto plazo prácticamente nula y que, como vemos, empeora día a día. Por ello, ante el anuncio del nuevo consejero de Infraestructuras de la presentación del enésimo Plan de Viabilidad para una sociedad claramente inviable, le instamos a que lo presente de manera inmediata, ya que todo apunta a una nueva maniobra de distracción sobre SOGEPSA para que los asturianos sigan pagando sus 150 millones de pufo”.
Pedro Leal manifestó que “la Auditoría es clara y pone en evidencia que aquella operación no podía ser considerada adecuada ni razonable en relación a los principios de economía y eficiencia y que no existía protocolo de ventas de suelo residencial. ¿Dónde se fue el beneficio por la venta de las viviendas construidas en terrenos expoliados a algunos titulares mientras que a otros más afines, se les pagaban cantidades exorbitantes?”.