El Gobierno de Asturias ha advertido hoy de que la proposición de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias presentada por el PP nace desactualizada, obvia el nuevo sistema nacional en la materia y conculca al mismo tiempo normas básicas estatales. El texto tramitado “se limita a reproducir casi de manera literal el borrador elaborado por el Principado en la pasada legislatura, que está pendiente de desarrollo y corrección ante el nuevo marco estatal”, ha subrayado el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana para informar sobre la proposición, Martínez ha recordado que la elaboración de una normativa de seguridad que complete los planes y servicios impulsados hasta la fecha es una de las prioridades del Ejecutivo autonómico. “El Gobierno de Asturias se ha comprometido a afianzar definitivamente este modelo de gestión integral y a proyectarlo hacia nuevos retos de futuro”, ha insistido. Así, ha recordado que hace tres años se elaboró un texto preliminar que debe adaptarse a la abundante normativa estatal de reciente creación y que los populares “reproducen ahora casi de forma literal”, sin tener en cuenta los cambios en el contexto nacional.
La premura en la tramitación sin una revisión conlleva que el articulado incurra en varias contradicciones con la normativa estatal básica, tal y como ha reconocido el Gobierno de España a través de varios informes emitidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por ejemplo, el documento establece en los artículos 15, 68 y 84 la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con entidades de derecho público o privado, lo que contradice la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en tanto que no se recoge el régimen jurídico de estos procedimientos, tal y como se establece en la regulación básica de ámbito estatal.
Por otra parte, no contempla la reducción del importe de las sanciones si el infractor reconoce su responsabilidad, un punto expresamente reflejado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. También permite que la gerencia del Servicio de Emergencias sea asumida por funcionarios de carrera o personal laboral fijo del sector público, conculcando así el Estatuto Básico del Empleado Público, que limita esta posibilidad exclusivamente a los funcionarios.
En el mismo sentido, la iniciativa no está adaptada a los cambios introducidos en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que regula la creación de un consejo como órgano de participación y coordinación institucional con funciones más amplias que las previstas actualmente para la Comisión de Protección Civil.
El consejero ha insistido en que el Gobierno autonómico nunca habría reproducido el borrador elaborado la legislatura pasada sin una profunda revisión y actualización. Además, ha reiterado su disposición y voluntad para alcanzar el consenso parlamentario que permita a Asturias convertirse en la primera comunidad con una normativa destinada a mejorar la seguridad y la protección del conjunto de la ciudadanía.
Personal del Sepa
El titular de Presidencia también ha remarcado que todo el personal de extinción de incendios y salvamento del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) es bombero profesional, algo que pedían los populares en su proposición de ley. Fue hace cuatro años cuando el Gobierno de Asturias creó el servicio al integrar las entidades públicas del 112 y Bomberos de Asturias. “Las últimas tres décadas nos han permitido consolidar un modelo de atención de emergencias y protección civil de titularidad pública, eficiente y de calidad”, ha resaltado Martínez.
El Sepa cuenta actualmente con 470 efectivos distribuidos en 19 parques y tres bases aéreas, atiende cerca de 700.000 llamadas al año y realizó 6.300 salidas en 2016, el 40% de las cuales correspondieron a incendios forestales y urbanos. En casos de especial gravedad, la labor de sus medios humanos y sistemas operativos se articula en torno al Plan Territorial de Emergencias (Platerpa) y los nueve planes especiales que lo desarrollan.