El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado, durante la inauguración de la tercera reunión del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional, que se celebra en Valencia, las iniciativas impulsadas por el Gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales y los avances logrados en materia penal, procesal, preventiva y de recuperación de activos.
Dentro del ámbito penal, la reforma impulsada en el año 2015 en España ha dado cumplimiento anticipadamente a las previsiones que plantea el paquete integrado por un reglamento y una directiva en materia de lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales que se negocian en estos momentos con la activa participación de España, en el seno del Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea.
En el terreno de lo procesal, la racionalización y actualización del enjuiciamiento criminal ha aportado medidas tecnológicas avanzadas de investigación que han conseguido incluir a nuestro país en la vanguardia contra la delincuencia organizada. En referencia a las medidas preventivas, el ministro se ha referido a la puesta en marcha de un instrumento esencial para la identificación, bloqueo, intervención y futuro decomiso de ganancias ilícitas derivadas del blanqueo, como es el Fichero de Titularidades Financieras, así como de un organismo altamente especializado como es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC).
Finalmente, Catalá ha destacado la actuación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) como un órgano auxiliar de la Justicia encargado de perseguir y recuperar bienes procedentes de actividades delictivas para hacer frente a la restitución pecuniaria de las víctimas con las indemnizaciones estipuladas por los tribunales, así como a la realización de proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y a la lucha contra la criminalidad organizada.
El ministro de Justicia se ha referido de forma específica a la gran amenaza del terrorismo internacional y ha enviado un mensaje de apoyo a las delegaciones de aquellos países que han sufrido sus actos. Para Catalá, ante la intensificación de la amenaza terrorista en los últimos años se ha hecho más necesaria que nunca una respuesta rápida y flexible, centrada en cuatro ejes de actuación.
El primero de ellos se refiere a la necesidad de asegurar que todas las jurisdicciones dispongan de un marco robusto contra la financiación del terrorismo. Para ello, se dispone de las recomendaciones del propio GAFI, resultando especialmente importante la relativa a la tipificación de esa financiación como delito, de modo que cubra no sólo la financiación de actos terroristas, sino también la financiación de organizaciones y de terroristas individuales sin necesidad de que exista un acto terrorista específico.
En este sentido, la legislación española ha adaptado su Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir un nuevo marco de investigación tecnológica en el proceso penal capaz de enfrentarse a los nuevos delitos del siglo XXI. Asimismo, hay que destacar el reciente acuerdo del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea que permitirá la creación de una Fiscalía comunitaria para perseguir los delitos financieros en toda la UE.
El segundo eje se refiere a la necesidad de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Aquí destaca la intensa participación española en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, que está trabajando sobre una propuesta de lucha contra el blanqueo de capitales por medio de la norma penal y un reglamento de reconocimiento mutuo de órdenes de embargo y decomiso.
En tercer lugar, Catalá ha llamado a la anticipación de posibles vulnerabilidades del terrorismo mediante un análisis continuo y riguroso de riesgos derivados de su financiación. Finalmente, ha señalado, es imprescindible reforzar los mecanismos de intercambio de información de los servicios de inteligencia para lograr desarticular los entramados económicos de las organizaciones terroristas.