La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada al fraude en el IVA en el sector de la informática y la electrónica que habría llegado a defraudar más de 25 millones de euros en un periodo de tres años.
La denominada operación ‘Sith’, en la que han participado 70 funcionarios tanto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) como de diversas áreas regionales de Inspección y Vigilancia Aduanera, se completó el pasado 25 de mayo con la detención de 19 personas, cinco de ellas en prisión sin fianza y registros en seis provincias, así como el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de vehículos de alta gama e incautación de efectivo.
En el marco de la operación ‘Sith’, y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara, se efectuaron 11 registros en las provincias de Guadalajara, Madrid, León, Valladolid, Valencia y Alicante, durante los cuales se obtuvo abundante documentación en soporte papel e informático sobre las operaciones fraudulentas detectadas, y cuyo análisis permitirá añadir nuevos elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial desarrollada con carácter previo.
Las investigaciones, iniciadas por la ONIF y la Dependencia Regional de Inspección de Castilla La Mancha, se han centrado en una trama de empresas dedicadas al fraude del IVA en el sector informático y electrónico, y han sido desarrolladas conjuntamente por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla La Mancha y la Jefatura Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de Castilla la Mancha.
Red de sociedades instrumentales
Los investigados habrían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja con sociedades en España y Portugal. La mercancía objeto del fraude viajaba directamente desde el proveedor en Europa a almacenes logísticos españoles, desde donde, a su vez, se distribuía a los canales de comercialización. Sin embargo, y con el único fin de eludir el pago del IVA, se interponían una serie de sociedades instrumentales creadas al efecto en otros países europeos y en España.
Dado que, de acuerdo con la normativa del IVA, no procede pagar el impuesto indirecto en las adquisiciones intracomunitarias, pero sí en las ventas interiores de España, las entidades que introducen la mercancía en España tienen que ingresar unas cantidades de IVA muy elevadas, al no soportar el impuesto en sus compras y sí repercutirlo en sus ventas.
Es aquí donde se inicia la comisión del presunto fraude investigado. Su rápida expansión viene motivada también por la posibilidad de reducir el precio de los productos que comercializan gracias al margen que le proporciona la propia defraudación del IVA.
En la investigación llevada a cabo se ha podido constatar que las empresas instrumentales extranjeras y españolas, eran en realidad, dirigidas y controladas por las mismas personas. Además, para dificultar su detección, periódicamente eran sustituidas por nuevas empresas, al frente de las cuales se colocaban testaferros.
Dentro del contexto de la operación se han adoptado medidas cautelares patrimoniales judiciales para el bloqueo de 90 cuentas bancarias de las empresas instrumentales y los supuestos implicados en la trama, el embargo de 11 vehículos de alta gama, y también se ha procedido a la incautación de dinero en efectivo por importe de 165.000 euros.
La investigación judicial arranca con una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla La Mancha, con apoyo de la unidad de tramas de la ONIF y de la Fiscalía, así como con la colaboración de las áreas regionales de Inspección de Valencia y Castilla León y las unidades operativas de Vigilancia Aduanera de Castilla La Mancha, Madrid, Castilla León y Valencia, en funciones de policía judicial. En la actualidad la operación sigue su curso y pueden adoptarse nuevas decisiones judiciales.
Un problema europeo
La tipología de fraude al IVA intracomunitario utilizada por la organización ahora desmantelada existe en los distintos países miembros de la Unión Europea, generando relevantes pérdidas de ingresos y graves distorsiones de precios en los mercados de los sectores económicos afectados, en perjuicio de los comerciantes legítimos que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Esta situación ha determinado que las autoridades comunitarias, desde hace años, hayan prestado especial atención al denominado fraude carrusel intracomunitario, o fraude en cadena del operador desaparecido (missing trader fraud), mediante el incremento de la cooperación administrativa entre los Estados miembros y el aumento de la eficacia de los sistemas de control de IVA nacionales.
La AEAT, pionera en diversos aspectos que afectan a la prevención, detección y lucha contra este fraude específico, trabaja en esa línea desde hace años mediante órganos de investigación especializados, y en este contexto se enmarca la operación desarrollada.