El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha clausurado este viernes en la localidad alicantina de Denia la Jornada Nuevo proceso penal: un reto compartido, organizada por la Fundación Lex Forum e inaugurada por la subsecretaria del Ministerio, Áurea Roldán. En su intervención, el titular de Justicia ha propuesto un plan de acción integral de reforma estructural de la Justicia basado en una serie de medidas centradas en cinco líneas de acción como son las procesales, dotacionales, organizativas, culturales y tecnológicas.
Catalá, que ha reconocido la necesidad histórica de una Justicia más rápida en nuestro país, ha destacado la conveniencia de replantear el actual sistema procesal para superar modelos agotados. Para lograrlo, apuesta por una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal propia del siglo XXI que contemple la dirección de la investigación por parte del Ministerio Fiscal, con un juez de garantías que tutele los derechos fundamentales.
Ese modelo, según Catalá, acabaría con los juicios prolongados durante años que dañan la imagen de la Justicia, dejando atrás el sistema inquisitivo para implantar el modelo acusatorio que da todo el protagonismo al juicio oral. Además, se mejorarían las garantías de la defensa con la participación de las partes en la fase de investigación y se simplificarían procedimientos y recursos.
Eso implicaría acelerar la extensión de la red de oficinas fiscales para conseguir mayor proximidad a la investigación, aprovechar las infraestructuras existentes y evitar la movilidad geográfica de los funcionarios de las nuevas fiscalías. En cuanto a los juzgados que en la actualidad tienen funciones instructoras, el ministro ha asegurado el mantenimiento y la garantía de los derechos laborales de sus trabajadores.
Rafael Catalá ha recordado que estos cambios supondrían una reforma paralela del Estatuto Fiscal que conciliaría el principio de autonomía con el de unidad de actuación, remarcando la imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley. Además, incidiría en la potestad normativa del Ministerio Fiscal, prohibiendo las órdenes verbales de manera que estas se publiquen en un diario oficial, otorgando mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las Juntas de Fiscalía, facilitando la discrepancia jurídica de forma transparente y haciendo que se resuelva por un órgano colegiado y regulando mérito y capacidad para el acceso a puestos discrecionales.
En cuanto al proceso civil, el ministro ha señalado la necesidad de separarlo de todo lo que le resta operatividad, simplificando trámites en las comunicaciones y notificaciones en las que las tecnologías electrónicas han demostrado su utilidad.
Respecto a la dotación de recursos, Catalá se ha referido a los esfuerzos presupuestarios ya realizados por el Gobierno que han servido para crear 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal, dar estabilidad laboral a los trabajadores de la Administración de Justicia y aprobar un total de 1.140 medidas de refuerzo judicial. Recursos que volverán a crecer en 2017 gracias a que el presupuesto del Ministerio de Justicia asciende un 7,7%, hasta alcanzar los 1.700 millones de euros, y por tercer año consecutivo.
Igualmente, la Oferta de Empleo Público reforzará las plantillas con 100 plazas de jueces y fiscales, así como con 3.000 puestos en Cuerpos de la Administración de Justicia.
Reformas organizativas
En relación con las necesarias reformas organizativas, el ministro apuesta una vez más por el máximo diálogo con los agentes implicados para realizar una distribución adecuada de las cargas de trabajo, paliando las situaciones de sobrecarga y compensando aquellas en las que exista una infrautilización de recursos.
En este sentido, destaca la necesidad de reforzar la Oficina Judicial y Fiscal, cuya implantación ya ha supuesto un incremento del 31% en el número de sentencias resueltas y una apuesta decidida por la especialización, que se ha hecho realidad en la atención prestada al posible impacto de las sentencias sobre cláusulas suelo y, a su juicio, debería extenderse a la especialización de la Fiscalía.
Los cambios culturales hacen referencia a las nuevas formas de abordar y resolver los conflictos, puesto que se ha demostrado que no siempre la mejor respuesta está en los tribunales. Catalá ha destacado el trabajo de los profesionales en materia de mediación, arbitraje o jurisdicción voluntaria para resolver diferencias mediante diálogo y acuerdo. En este ámbito, la Ley de Jurisdicción Voluntaria ya ha permitido dejar al margen de los tribunales más de 320.000 asuntos.
Por último, Catalá se ha referido a la transformación digital de la Justicia que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y el aumento de la calidad del servicio. El ministro apuesta por completar esa transformación tecnológica que actualmente ya ha permitido alcanzar los 100 millones de comunicaciones electrónicas.