La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha lamentado la tardanza del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la hora de convocar a las comunidades autónomas para abordar el decreto que regulará la convocatoria de subvenciones para ONG,s con cargo a la casilla de fines sociales del IRPF. Al mismo tiempo, la consejera ha denunciado el “diálogo cero” que el Gobierno del Partido Popular ha mantenido hasta ahora con las comunidades respecto a este asunto.
Varela ha señalado que si bien desde enero es conocida la sentencia del Tribunal Supremo que estima las reclamaciones de Cataluña para la gestión por parte de las comunidades de la financiación que reciben las entidades sociales por el 0,7% de acción social del IRPF, no ha sido hasta finales de la semana pasada cuando las comunidades fueron convocadas para abordar esta cuestión.
La consejera ha explicado que tras el reproche inicial y para no causar ningún perjuicio, las comunidades y el Estado han acordado un modelo mixto de gestión, con un tramo estatal y otro autonómico, que se cerrará en un mes. La previsión es que la comisión delegada se reúna en una semana y posteriormente, en un plazo aproximado de tres semanas o un mes, el consejo territorial decida definitivamente.
Respecto a los créditos previstos para Asturias en materia social, Varela ha criticado que se mantengan las mismas partidas que en 2016 tanto para las políticas de infancia (1,6 millones) como para el plan concertado (853.966 euros). Aunque ha admitido que los fondos podrían aumentar en el caso de que se aprueben las cuentas estatales, las cantidades seguirían siendo insuficientes, puesto que la financiación de más 50 millones anuales del plan concertado de servicios sociales del Principado recae prácticamente en su totalidad sobre la comunidad autónoma y los ayuntamientos.
En este sentido, ha explicado que los gobiernos autonómicos han trasladado al del Estado la necesidad de abordar un debate sobre los recursos necesarios para abordar las políticas sociales, bien directamente o a través de la revisión de la financiación autonómica.
Por otra parte, la consejera ha trasladado la preocupación del gobierno asturiano por la habilitación excepcional de los trabajadores del sector de la dependencia, que deben contar con acreditación antes del 31 de diciembre de 2017. Según ha informado el ministerio este asunto se abordará el 15 y 16 de mayo en una comisión delegada en Sevilla.
Asturias asume la vicepresidencia primera del consejo territorial
El consejo territorial ha acordado que Asturias asuma este año la vicepresidencia primera del consejo territorial. Este puesto corresponde a los consejeros y se asigna de forma rotatoria en función de la fecha de aprobación de los estatutos de autonomía de las comunidades.
Las funciones de la vicepresidencia primera son sustituir a la titular de la presidencia del consejo territorial, la ministra de Sanidad, en caso de vacante, ausencia, enfermedad y otra causa legal y ejercer las funciones que le delegue el titular de la presidencia del consejo territorial.