El Gobierno de Asturias solicitará ante el juzgado de lo contencioso-administrativo la ejecución inmediata de la sentencia que obliga al Ministerio de Industria a abonar las cantidades pendientes de los convenios de 2011, que el Principado calcula en un total de 213 millones. Los consejeros Guillermo Martínez y Graciano Torre –titulares de Presidencia y Economía, respectivamente- han considerado inaceptable el comportamiento del Gobierno del Partido Popular.
Martínez y Torre han ofrecido una rueda de prensa para valorar la actitud del ministerio que dirige José Manuel Soria. En los últimos días, el Instituto del Carbón ha remitido tres oficios a la consejería de Economía relacionados con otros tantos convenios en los que no sólo niega el derecho del Principado a percibir las cantidades que se le adeudan, sino que reclama la devolución de la subvención concedida.
Los convenios en cuestión son los siguientes:
•Campus de Mieres. El Instituto del Carbón reclama el reintegro de 23.503.897 euros y niega al Principado el derecho al cobro de 31.604.602 euros (la cantidad pendiente).
•Polígono de Villallana, en Lena. En este caso, el Instituto del Carbón solicita el reintegro de 2.501.182 euros y niega el derecho al cobro de 22.999.999 euros.
•Rehabilitación de vivienda familiar para agencia de turismo rural en Abantro (Caso). El Instituto del Carbón solicita el reintegro de 43.609 euros y niega el derecho al cobro de 130.829 euros.
En todos los casos, el Instituto del Carbón alega que el Principado no ha acreditado correctamente la ejecución completa de los proyectos.
Los tres están afectados por la sentencia judicial del 341/2013, de 28 de octubre de 2013, recurrida por el ministerio y ratificada este mismo año por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Desde entonces, la consejería de Economía ha hecho múltiples intentos para que el ministerio acate y ejecute el fallo judicial.
“La respuesta que recibimos es la que les acabamos de anunciar: tres oficios en los que el ministerio insiste en denegar el dinero comprometido y, además reclama la devolución de las subvenciones concedidas. Nos encontramos ante una estratagema judicial para evitar el cumplimiento de la sentencia, más propia de las tretas de un mal pagador que del Gobierno de España”, ha manifestado el consejero de Presidencia y portavoz del Principado.
Martínez también ha lamentado la “deslealtad inaceptable” del ministerio de Industria. “El Gobierno de Asturias tiene a gala su lealtad institucional. La hemos practicado siempre. Ustedes saben que esa actitud nos ha provocado muchas críticas, pero consideramos que ésa es la relación normal entre dos administraciones, cuyo objetivo no está en la defensa de sus intereses particulares, sino en el servicio a los ciudadanos. La actitud del ministerio de Industria es justo la contraria: si algo le define es la deslealtad y la irresponsabilidad”.
En la misma línea, el consejero de Economía también ha censurado el proceder del Instituto del Carbón y del ministerio de Industria. Para Torre, la actitud del ministerio tiene todas las trazas de “una clara provocación”. Especialmente, porque los argumentos que se aducen en los expedientes para reclamar el reintegro de las subvenciones concedidas y anular el derecho al cobro de las cantidades que se adeudan “ya han sido abordados en la sentencia que da la razón al Gobierno de Asturias en todos sus planteamientos.
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Asturias se ha visto obligado a recurrir a los tribunales para reclamar las cantidades pendientes de los fondos mineros. Para ello, ha presentado tres recursos:
El primero, por los convenios cuya vigencia finalizó en el ejercicio 2011 y años anteriores, por un importe de 213.056.914 euros.
El primer paso fue dado por el Gobierno de Foro en 2012. El Ejecutivo anterior interpuso el recurso ante un juzgado incompetente, error que fue corregido por este gobierno. Esta reclamación dio lugar a la sentencia ya citada (341/2013, de 28 de octubre de 2013).
El segundo (procedimiento ordinario 32/2013), por los convenios cuya vigencia finalizó en el ejercicio 2012.
En este recurso, pendiente de resolución, se reclaman al ministerio 56 millones.
El tercero (procedimiento ordinario 29/2014), presentado este año para los convenios hasta 2013, supera los 53 millones.