SINC – Desde 2012, la extensión de los parques ha aumentado un 10% gracias a la incorporación a la red del Parque de la Sierra de Guadarrama (en las provincias de Madrid y Segovia) y la ampliación del de las Tablas de Daimiel (Castilla-La-Mancha). En la actualidad, España cuenta con 15 parques nacionales.
Según el Gobierno, con la vigente Ley de Parques Nacionales (5/2007), la Red de Parques Nacionales adolecía hasta ahora de una desconexión de los propios parques, no solo entre ellos sino también con el Estado. Como no existía una coordinación estatal, estas áreas naturales carecían de una gestión coordinada y coherente que impedía cumplir con sus objetivos de conservación.
La reforma, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados y surgida del trabajo del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), se proclama “eminentemente conservacionista” y permitirá acercar el Estado a los parques para ayudar, colaborar y coordinar.
Sin embargo, la nueva normativa no convence a todos. Partidos políticos de la oposición y organizaciones ecologistas llevan semanas oponiéndose a esta ley que “debilita la conservación de estos espacios, aporta mayor confusión en su gestión y se pliega a las exigencias de los intereses privados en lugar de primar el interés general”, señalan en un comunicado Ecologistas en Acción, WWF, y SEO/BirdLife.
La principal polémica reside en la ampliación del límite para eliminar la caza deportiva dentro de estos espacios protegidos en 2017, según la ley vigente. Con la reforma, la autorización para cazar se amplía a 2020. “Lejos de ser una ley armonizadora, es una ley que incluye excepciones a la carta en parques nacionales como Monfragüe, Sierra de Guadarrama o Cabañeros debilitando la figura de conservación que suponen los parques nacionales”, subrayan los ecologistas.
Algunas mejoras
A pesar de la oposición generalizada a la reforma, la nueva ley ofrece algunas novedades como un mecanismo para reaccionar con rapidez y eficacia en caso de emergencia medioambiental, así como la intervención excepcional del Estado en caso de conservación desfavorable en uno de estos espacios protegidos.
Se prohíbe además la extracción de hidrocarburos y de áridos, que a partir de ahora se considerarán actividades incompatibles con los espacios naturales, incompatibilidad que no figuraba en la legislación vigente.
Otra novedad del texto es la posibilidad de ampliar los parques ya declarados sobre áreas marinas exteriores colindantes. De esta manera, se establecen marcos específicos de coordinación para parques nacionales fronterizos, se incorpora el Comité Científico de Parques Nacionales y se integran aspectos culturales e inmateriales ligados a estos.