(EUROPA PRESS) Todos los grupos parlamentarios de la oposición en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) -Foro, PP, IU y Mixto – han respaldado este viernes en sesión plenaria una proposición no de ley de UPyD que pide al Principado el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, así como por vías no formales de formación. El PSOE votó en contra de la iniciativa, salvo el punto en el que se solicitaba ampliar el número de plazas de una resolución de 2011, que apoyó.
A través de la iniciativa aprobada, los grupos dan un plazo de cuatro meses al Ejecutivo asturiano para regular el procedimiento para reconocer las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, así como por vías no formales de formación en el ámbito del Principado de Asturias.
Dado que a partir del 1 de enero de 2015 se exigirá que todos los cuidadores, gerocultores o categorías profesionales similares que trabajen en centros de atención de servicios sociales tengan que estar en posesión de la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependiente, la resolución aprobada pide abrir en dos meses una nueva convocatoria para esa especialidad.
La iniciativa, además, pide establecer un instrumento para posibilitar la preinscripción de aquellas personas interesadas en participar en este tipo de procedimientos, para planificar futuras convocatorias, así como asesorar e informar a los trabajadores sobre esta posibilidad.
La diputada del PSOE Marina Pineda ha justificado su voto en contra diciendo que este último aspecto ya se estaba haciendo desde el servicio asturiano de empleo. Ha dicho que la iniciativa «confunde» y que Asturias está cumpliendo más que otras comunidades autónomas en este asunto. Ha manifestado que hay aspectos de la iniciativa que no se pueden cumplir, porque aún faltan cambios en la legislación estatal y ha dicho que su grupo ni está de acuerdo en hacer nuevas convocatorias ni en generar «falsas expectativas» en los trabajadores.
Los diputado socialistas sí han apoyado el punto de la iniciativa que pide ampliar el número de plazas generadas por una resolución de 2011 hasta poder asesorar, evaluar y acreditar a la totalidad de personas admitidas en el procedimiento y que permanecen en lista de reservas. Existen 1.811 solicitudes, según ha explicado Ignacio Prendes (UPyD).