(EUROPA PRESS) El presidente del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas), Roberto Hartasánchez, ha asegurado este jueves que aceptó la condena a un año y medio de cárcel por homicidio imprudente «para salvar los puestos de trabajo de la asociación».
Hartasánchez asumió el pasado 17 de octubre esta condena por el homicidio imprudente de un trabajador de Fapas de 26 años, que falleció tras salirse de la vía el dumper que conducía. La Fiscalía había solicitado para él tres años de prisión, pero finalmente las partes llegaron a un acuerdo previo a la celebración del juicio.
En una rueda de prensa, el presidente de Fapas ha denunciado «incongruencias» en la acusación del Ministerio Público, que informó a los medios de comunicación de la imputación de Hartasánchez el día previo a la vista oral. En su defensa, el representante de la asociación ha desmentido que Fapas carezca de los seguros obligatorios, y ha asegurado que el joven fallecido sí tenía la formación necesaria para el desempeño de su trabajo, al contrario de lo que defendía la Fiscalía.
Según Hartasánchez y su abogado, Sergio Noval, el presidente de Fapas asumió el año y medio de cárcel por homicidio imprudente y falta de seguridad de los trabajadores porque la asociación «no puede permitirse prolongar el proceso judicial durante tres años –durante los que los bienes de Fapas estarían embargados– para demostrar su inocencia». Ha insistido en asegurar que «no es culpable» de los hechos, pese a haber aceptado la condena.
«Es insólito, nos acusan de que el fallecido no tenía formación, cuando había realizado un ciclo formativo de 2.000 horas relacionado con su trabajo», ha criticado. Ha insistido además en que «no entiende» los motivos que han movido a la Fiscalía para realizar estas afirmaciones y su abogado ha dicho que se siente «maltratado» por la acusación del Ministerio Público.
Hartasánchez ha decidido comparecer ante los medios por la «preocupación» que estas acusaciones suscitó entre los socios de la asociación. Según él, en el texto de la Fiscalía, Fapas aparece como una asociación «que no se corresponde con la realidad, parece que somos un grupo de indigentes sin conocimiento».
Sobre la carencia de seguros, tanto Roberto Hartasánchez como su abogado han negado este extremo, asegurando que disponían de los obligatorios. Faltaban los voluntarios, algo que se solucionó al convertirse Fapas en una entidad auto asegurada que pagó la indemnización por fallecimiento a la familia, según Noval.
El abogado también ha mostrado su «sorpresa» porque la Fiscalía haya «criminalizado un accidente», cuando «desde el primer momento» tanto la inspección de trabajo como la Guardia Civil y el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales «determinaron que había sido un caso fortuito». Se trata, por tanto, de una «acusación desproporcionada e injustificada que carece de fundamento técnico» según el abogado.