(EUROPA PRESS) El Consejo de Gobierno del Principado ha autorizado este miércoles el convenio entre la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y los ayuntamientos asturianos para poner en marcha una línea de ayudas directas para atender a 2.000 familias con graves problemas económicos y menores a cargo.
Según ha explicado en rueda de prensa la titular de Bienestar Social, Esther Díaz, Asturias es «la única comunidad autónoma» que contribuye con recursos propios al fondo estatal de protección a la infancia, con una partida de 600.000 euros a sumar a los 800.000 euros que destina el Gobierno central al Principado. Esos 1,4 millones se distribuirán en ayudas económicas directas de 700 euros por unidad de convivencia para gastos ordinarios suministros, material escolar o comida.
La previsión de la consejera es que en próximos días los ayuntamientos aprueben el convenio para que los servicios sociales municipales seleccionen a las familias beneficiarias y empiecen a gestionar directamente las ayudas, con el objetivo de que puedan percibir entre la segunda quincena de noviembre y diciembre.
Esther Díaz ha incidido en que existen unas 13.370 familias en riego de exclusión y con necesidades de atención en Asturias, en base a los datos aportados por los ayuntamientos atendiendo al indicador ‘Arope’, que evalúa el nivel de pobreza basada en factores de renta, privación material severa y baja intensidad del trabajo.
De este modo, la cobertura de estas ayudas cofinanciadas por el Gobierno central y el Principado alcanzarán este año al 15% de las familias con necesidades de atención. «Pese al esfuerzo no llegamos a una cifra aceptable», ha lamentado, remarcando que habrá beneficiarios en «todos los ayuntamientos» al haber «un mínimo garantizado» a partir del cual se distribuirán los fondos según el número de familias en situación de riesgo respecto a la población total de cada municipio.
Para la consejera esto evidencia que el fondo estatal, con una partida total de 16 millones para el conjunto del país, es «claramente insuficiente» tanto para Asturias como para el conjunto de España. Por ello, ha reclamado un ‘Pacto de Estado’ para procurar «la defensa de las familias y de la infancia».
Esther Díaz, que ha comparecido junto al consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, ha remarcado que la crisis y los recortes están provocando «un drama» con el aumento de la desigualdad. Así, ha instado a las administraciones a «no renunciar a la solidaridad y la justicia social». «No podemos abandonar a nuestros menores», ha defendido, alertando del riesgo de un futuro «de exclusión social y marginalidad».
AUMENTO HASTA LOS 2,19 MILLONES
En este sentido, la consejera ha anunciado que el proyecto de presupuestos para 2015 del Gobierno del Principado contempla un aumento del fondo hasta los 2.196.000 euros, con lo que se podría alcanzar un nivel de cobertura cercano al 30%.
Así, además de pedir al Gobierno central medidas trasversales, el Gobierno asturiano reclama más dotación económica para el próximo ejercicio para poder alcanzar esa cifra entre ambas administraciones.
Respecto al perfil de las familias con necesidades de atención en el Principado, Esther Díaz ha remarcado que, al igual que en el caso del Salario Social, en los últimos años ha variado por la crisis. No obstante, ha indicado que la mayoría se localiza en el área central de Asturias. «La urbe genera más espacio para la vulnerabilidad y la pobreza», ha apuntado, señalando que aunque Asturias se sitúa entre los índices más bajos de vulnerabilidad, exclusión y pobreza de las comunidades autónomas, más de 13.000 familias son «muchísimas».
AVILÉS Y FUNDACIÓN SAN MARTÍN
Por otra parte, la consejera ha informado de la continuidad del convenio entre su departamento, el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación San Martín para facilitar el acceso a la vivienda a colectivos desfavorecidos del municipio.
Con ese propósito, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención de 250.000 euros. El proyecto atenderá principalmente a familias monoparentales, victimas de violencia de género, jóvenes con escasos recursos, inmigrantes y familias en riesgo de exclusión social.