La Comisión de Sanidad votará esta tarde elevar a pleno el dictamen de la ponencia de la Proposición de Ley para la Universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública de Izquierda Unida, una propuesta de proposición de ley del artículo 87.2 de Constitución aprobada en la Junta General, que significa terminar con los recortes de asistencia sanitaria llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy, entre ellos la retirada de atención a inmigrantes y españoles que se ven obligados a trabajar temporalmente en el extranjero, fundamentalmente jóvenes. A juicio de Gaspar Llamazares esta será la única iniciativa de Asturias que va a ser aprobada y votada en el Congreso a favor de la universalización de la sanidad, una sanidad pública y financiada por impuestos.
Una vez aprobada la ponencia, y elevado a pleno el dictamen, volverá a ser sometida a votación en el pleno y enviada a Madrid, para ser defendida en el Congreso por tres diputados asturianos.
IU defendió esta modificación de la ley por razones de derechos humanos, por razones de salud pública, por razones de congruencia legislativa para restablecer, de verdad, “una cobertura universal que no excluya a nadie, ni por razón de raza ni de residencia” porque la salud, dijo Llamazares, quien defendió la ley en su momento, “es un derecho fundamental” y “nunca debería haberse mermado”.
La ley tiene por objeto universalizar la asistencia sanitaria pública, restableciendo en toda su plenitud el ámbito subjetivo general del derecho a la protección de la salud que fue profundamente alterado mediante el Real-Decreto ley 16/2012, tanto desde el punto de vista conceptual a través de la vuelta a la figura del “asegurado” como sujeto del derecho a la protección de la salud, exigiendo la suscripción de un convenio especial a quienes no puedan acceder a esa condición, dejando sin cobertura sanitaria directa a todos aquellos que no tengan ningún vínculo con la Seguridad Social, e incluso, a los descendientes de asegurados mayores de 26 años, cuyos ingresos superen un determinado límite que la norma no precisa, expulsando del sistema de cobertura sanitaria pública a los extranjeros sin permiso de residencia con las graves consecuencias que implica en términos de salud individual y pública.