El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha puesto hoy a disposición del Gobierno central y del resto de las comunidades autónomas la experiencia del Principado de Asturias en relación con el pacto social contra la violencia sobre las mujeres a la hora de avanzar en la búsqueda de un futuro acuerdo de Estado contra esta lacra. Martínez ha hecho este ofrecimiento en la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada en el Senado.
El titular de Presidencia ha recordado que el pacto asturiano es fruto del “diálogo, la voluntad de entendimiento y el consenso”, y cuenta con la adhesión no solo de todos los grupos parlamentarios, sino también de los principales órganos de asesoramiento y apoyo en materia de igualdad, en los que participan más de una treintena de asociaciones, profesionales de la red de casas de acogida, así como representantes del ámbito de la justicia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los ayuntamientos.
Martínez ha señalado que el alarmante número de mujeres asesinadas en los dos primeros meses de 2017 en España no hace sino confirmar la persistencia de un desequilibrio de poder en las relaciones entre mujeres y hombres. Para hacer frente a este grave problema, ha recordado, las administraciones tienen una responsabilidad directa y deben, por ello, ser las garantes del pleno derecho de las mujeres a servicios de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral.
“No existe atenuante posible para una minoración de los recursos económicos ni tampoco una involución de las políticas públicas; no existe, en definitiva, ahorro ideológico o presupuestario que justifique frenar la construcción de un camino de dignidad para las mujeres que, por el mero hecho de serlo, no pueden ejercer su derecho de ciudadanía en plenas condiciones de igualdad”, ha subrayado.
El modelo asturiano
En su intervención en la Cámara Alta, el consejero ha abundado en las principales virtudes del modelo asturiano, que se presentó el pasado julio, y que prevé la aplicación de 150 medidas hasta 2019, con un presupuesto de 8,9 millones de euros, a través de cuatro ejes de actuación: sensibilización y prevención (78 acciones), atención integral a las víctimas (49), colaboración y cooperación institucional (10) y revisión para la mejora continua (13).
Algunas de las actuaciones más destacadas son la puesta en marcha de campañas dirigidas a los jóvenes a través de las redes sociales, la ampliación de los programas de educación afectivo-sexual a todos los centros educativos, la firma de acuerdos con los medios de comunicación, la elaboración de protocolos de actuación y respuesta interinstitucional en casos de asesinato y acoso sexual, la asistencia jurídica gratuita para los familiares de mujeres asesinadas y el uso de aplicaciones de móvil para detectar las primeras señales de maltrato.
Con estas iniciativas, el Ejecutivo autonómico suma su propia hoja de ruta a un acuerdo que busca promover alianzas y desarrollar acciones concretas para evitar políticas regresivas en períodos de crisis económica, garantizar la asistencia y protección integral a las víctimas, asegurar una cooperación eficaz entre todos los agentes económicos, sociales y políticos, y mejorar los canales de información y sensibilización con el fin de poner fin a esta lacra social.
Guillermo Martínez considera que muchas de las acciones del Principado pueden servir de orientación para diseñar las iniciativas del futuro pacto de Estado. Y ha citado, entre otras, la necesidad de garantizar la perspectiva de género en la acción presupuestaria, aplicando, tal y como lleva haciendo el Gobierno de Asturias desde hace cinco años, el recorte cero en relación con estas políticas.
Asimismo, defiende el perfeccionamiento del sistema de protección y asistencia a las víctimas a través de la formación a los profesionales implicados, y las nuevas medidas de coordinación institucional, entre ellas, la elaboración de un protocolo de actuación interinstitucional de atención a familiares en caso de asesinato de mujeres por violencia de género, y la atención especializada a la juventud
Mandato de la Conferencia de Presidentes
El consejero, no obstante, se ha felicitado por el hecho de que uno de los primeros acuerdos de la reciente Conferencia de Presidentes haya sido el cumplimiento de la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para incorporar las aportaciones a los trabajos del pacto de Estado contra la violencia machista.
Para avanzar en esta senda, el titular de Presidencia ha reclamado que el Gobierno central mantenga un diálogo “fluido, periódico y sostenido en el tiempo” con las comunidades autónomas y con otras instituciones e entidades, como ayuntamientos, expertos, asociaciones de mujeres u organizaciones especializadas en violencia de género.
En ese sentido, ha criticado algunas carencias comunicativas, como el hecho de que las comunidades se estén enterando de las iniciativas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante notas de prensa o que se esté diseñando la segunda estrategia nacional contra la violencia machista sin que hayan trascendido los resultados de la primera.
Del mismo modo, ha insistido en la importancia del diálogo entre el Gobierno central y las comunidades, respetando los instrumentos ya existentes. “Hoy es una cita importante para los gobiernos autonómicos, pero no debe ser la única, y la elaboración del pacto nacional como política de Estado debe confluir en el mayor de los consensos posibles en un debate sosegado y sin precipitaciones”, ha dicho.
Martínez ha pedido, además, “liderazgo” al ministerio en las negociaciones con las autonomías y en el desarrollo y cumplimiento de la Ley Integral de Violencia. En esta línea, ha reclamado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Igualdad.
Por último, ha exigido un incremento de los fondos para la asistencia social integral a las víctimas y que la introducción de mecanismos de seguimiento y evaluación del Pacto de Estado “sin solapamientos”, después de que el ministerio anunciara el pasado febrero la creación de un órgano permanente contra la violencia machista con la participación de las comunidades autónomas por turnos de dos. “No cuestionamos la puesta en marcha de instrumentos de coordinación, pero se escapa a nuestra comprensión el papel de este órgano y, más concretamente, nuestro papel en ese denominado turno de dos”, ha apostillado.