La diputada de IU, Marta Pulgar, demandó esta mañana una estrategia de la administración autonómica concreta y extraordinaria de defensa del consumidor afectado por cláusulas suelo, dotada presupuestariamente para dar información clara, proporcionar asesoramiento legal y que haga la labor de inspección a la banca para saber si cumple el Real Decreto, es decir tiene oficinas abiertas para las reclamaciones, informan de manera adecuada y si están comunicando a todos los afectados la existencia de las mismas. La diputada de IU recordó que en el campo de la defensa de los consumidores ante estas cláusulas abusivas el liderazgo ha sido hasta este momento de las organizaciones de consumidores, no de la Agencia de Consumo ni de la administración pública. “Llama la atención que la Agencia de Consumo, con 10 millones de euros de presupuesto solo dedique a las organizaciones de consumidores 60.000 euros”, denunció Pulgar.
En este sentido la diputada de IU demandó apoyo al Tercer Sector –que ha realizado hasta ahora la labor de información- y una labor coordinada de todos los instrumentos que tiene la administración pública, tanto la Agencia de Consumo como las Oficinas Municipales de Consumo.
La diputada de IU realizó una batería de preguntas en el pleno de la Junta General al Consejero de Sanidad, de quien depende la Agencia de Consumo, que no obtuvieron respuesta. Pulgar preguntó a Francisco del Busto: “¿Cómo va a garantizar y controlar que los bancos cumplen su obligación de comunicación a cada deudor hipotecario que tiene una cláusula suelo cuando cada banco tiene diferentes medios y que esta comunicación sea a todos los afectados?; ¿cómo va a garantizar que no habrá abusos al ser el banco, en esta vía extrajudicial el que interprete que la cláusula en cada caso es abusiva?; ¿cómo va a comprobar que los bancos disponen de un servicio concreto para efectuar estos acuerdos extrajudiciales sobre cláusulas suelo? Y, sobre todo, ¿quién va a asesorar a los consumidores respecto a que el cálculo que les da el banco es correcto?. En este último punto la diputada recordó al Consejero que una vez el banco dé su informe, el consumidor tiene 15 días para decidir si va a juicio o no. Del mismo modo, la diputada advirtió que en este punto el consumidor asturiano sólo tendrá dos alternativas, pagarse un abogado o acudir a una asociación de consumidores. De ahí que reclame la iniciativa de la administración en su obligación y competencia de protección al consumidor.
La diputada de IU aseguró al principio de su pregunta al Consejero de Sanidad que la protección y defensa de los consumidores es una obligación constitucional y que “los poderes públicos no han estado a la altura en este proceso de cláusulas abusivas”. Del Banco de España denunció la “permisividad con la macroestafa de las cláusulas suelos”, del Tribunal Supremo porque no estuvo a la altura y limitó la retroactividad de los cobros a 2013 y que tuvo que enmendar la justicia europea y el Gobierno que redactó un Real Decreto que, “si bien puede suponer un avance”, vuelve a dejar con la sartén por el mango a los bancos”.
Por su parte, el Consejero de Sanidad, ante esta y otra interpelación anterior aseguró que el ejecutivo autonómico asturiano es el único de toda España que mantiene una lucha activa contra las cláusulas bancarias abusivas.