La consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha presentado hoy, en compañía de los dos directores generales con competencias en materia de medio ambiente, las líneas estratégicas de la Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental del Principado de Asturias y el estudio de alternativas para el tratamiento de aquella basura que no puede ser reciclada, la denominada fracción resto. Fernández ha solicitado comparecer en la Junta General para exponer con más detalle las soluciones analizadas para los residuos.
El director general de Calidad Ambiental, Manuel Gutiérrez, se ha referido a la necesidad de adaptar la normativa autonómica a la ley de evaluación ambiental de 2013, lo que permite, por un lado, fijar reglas en materias como el aire, el agua, los residuos, el ruido o el cambio climático, y, por otro, mejorar la coordinación y acortarlos plazos de tramitación al contar con un único texto legal para los diferentes procedimientos ambientales. La Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental, incluida entre los compromisos de la consejería para esta legislatura, consta de un título preliminar más otros ocho, con un total de 133 artículos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria, cinco finales y siete anexos.
El texto legislativo que el Ejecutivo autonómico pretende aprobar regula procedimientos como la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, la evaluación de impacto ambiental de proyectos y la autorización ambiental integrada de instalaciones, todos ellos básicamente coincidentes con la normativa estatal, pero con plazos de tramitación más reducidos. Como nuevas figuras, se crean la licencia y la comunicación ambiental de actividades, de carácter municipal, en sustitución del tradicional régimen de actividades clasificadas, regido hasta la fecha por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Entre los aspectos igualmente novedosos se incluye la autorización ambiental autonómica, como herramienta que aglutina las diferentes autorizaciones ambientales exigidas por ley, cuatro hasta ahora.
En relación con la calidad del aire, la norma permite al Gobierno establecer límites de emisión más estrictos que los fijados en la normativa estatal en las autorizaciones ambientales de las instalaciones o actividades asentadas en las zonas en que se superen los valores de alguno de los contaminantes regulados. También adoptar, cuando se incumplan los objetivos de calidad o exista riesgo de que esto ocurra, las medidas adecuadas para evitar o mitigar la contaminación.
En el capítulo reservado a los residuos la ley establece, por ejemplo, la introducción de forma progresiva de la recogida separada de biorresiduos, que deberá estar implantada en 2018 para los provenientes de grandes productores o del sector comercial no gestionado por los ayuntamientos. Al respecto, el Plan de Residuos del Principado de Asturias (PERPA) fijará el nivel de recogida separada de materia orgánica exigible a cada municipio, de acuerdo con su demografía y dispersión, para lograr que Asturias cumpla con la obligación legal de incrementar la recogida separada hasta el 56% en 2020. Con el fin de lograr este propósito, Cogersa promoverá medidas de cooperación, a través del régimen tarifario y de subvenciones.
Soluciones para tratar 235.000 toneladas de residuos
Manuel Gutiérrez ha presentado también el análisis de alternativas al que la Administración autonómica se había comprometido con el ánimo de buscar una solución distinta a la incineración para tratar en torno a 235.000 de las aproximadamente 520.000 toneladas que recibe anualmente el vertedero, con capacidad, tras su ampliación, hasta 2020. Se trata de fórmulas que se consideran técnicamente viables, apoyadas en las infraestructuras existentes, flexibles, y orientadas principalmente a la valorización material. Todas ellas parten de un supuesto de reducción de la generación de residuos del 8,3% desde 2015 a 2020.
El estudio selecciona las cinco alternativas mejor puntuadas, de un total de catorce analizadas, que utilizan tratamientos mecánico-biológico, biológico-mecánico y de higienización. Además de los rechazos que irían al vertedero, todas ellas recuperan materiales en distintos porcentajes para generar un producto bioestabilizado similar al compost, con fines de restauración ambiental, y a un combustible sólido que, en forma de fardos, puede ser utilizado por la industria química y cementera.
Tras las perceptivas fases de consultas e información pública, que se prolongarán durante 45 días, y una vez seleccionada la alternativa, se elaborará la propuesta ya revisada del Plan Estratégico de Residuos, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.