Berlín, 19 oct (dpa) – Más de cinco años después de la decisión del Gobierno alemán de poner fin a la energía nuclear en el país, el Ejecutivo de Angela Merkel acordó hoy las guías para un pacto de miles de millones de euros para eliminar los residuos nucleares.
El Gobierno aprobó en la reunión del consejo de ministros un borrador de ley para llegar a un acuerdo con las empresas energéticas Vattenfall, Eon, RWE y EnBW sobre la financiación del apagón nuclear.
Está previsto que el Estado reduzca la responsabilidad de las empresas en el almacenamiento definitivo de los residuos nucleares. Para ello se deberán destinar cerca de 23.000 millones de euros (25.300 millones de dólares) a un fondo estatal. El desmantelamiento y la demolición seguirá estando en manos de las empresas.
El acuerdo deberá pasar ahora por las cámaras legislativas (Bundestag y Bundesrat) y la Comisión de la Unión Europea (UE) deberá analizar si la ayuda estatal es legal. El ministro de Economía, Sigmar Gabriel, espera que la ley entre en vigor ya este invierno.
Con el paquete de leyes se contará también con una propuesta de una comisión de expertos. Después, los cuatro gigantes energéticos deberán transferir a partir de enero hasta el año 2022 cerca de 23.500 millones de euros a un fondo estatal, que se destinará a gestionar las próximas décadas el almacenamiento de los residuos nucleares.
Los cuatro grandes grupos energéticos han estado meses negociando con el Gobierno sobre el reparto de los ingentes costes y riesgos del desmantelamiento de las plantas y del almacenamiento de los residuos atómicos tras la decisión del Gobierno de Angela Merkel de abandonar la energía nuclear después de la catástrofe en la central japonesa de Fukushima.
El desastre en la planta nipona, en marzo de 2011, hizo que la opinión pública alemana se volviera masivamente en contra de la energía nuclear y llevó al Gobierno de Merkel a adelantar a 2022 el cierre de todas las centrales atómicas del país y potenciar la producción de energías renovables.
La ley de energía nuclear fijó las fechas en las que las operadoras deberán desconectar las últimas nueve plantas atómicas hasta 2022. Ocho centrales de más antigüedad fueron clausuradas de inmediato.
El problema surgió entonces sobre quién asumiría el elevado coste de poner fin a este tipo de producción de energía, así como la eliminación de antiguos residuos nucleares hasta 2099, cuyo coste se estima ascenderá a más de 40.000 millones de euros.