El Tribunal Constitucional de España tumbó ayer la esperanza de las víctimas españolas de la talidomida, que habían solicitado una indemnización al laboratorio alemán que comercializó el fármaco por las malformaciones físicas que el medicamento les causó.
El alto tribunal decidió no admitir el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Supremo, que en septiembre negó el derecho de los afectados a compensaciones por parte de Grünenthal. Era la última opción judicial que les quedaba en España.
«El laboratorio que asesinó y mutiló a más de 3.000 personas en España ha salido indemne», dijo a dpa el presidente de la Asociación española de Víctimas de la Talidomida, José Riquelme.
El afectado avanzó que las víctimas no abandonarán hasta conseguir su objetivo y que recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «La ética y la moral no prescriben», destacó.
El juicio por el escándalo de la talidomida en España se celebró en 2013. Unas 180 víctimas del país reclamaron 204 millones de euros de indemnización al laboratorio alemán, que pidió la desestimación de la demanda al considerar los hechos prescritos.
Poco después, una juez de Madrid dio la razón a los afectados al considerar que Grünenthal «tuvo un comportamiento negligente» por distribuir el fármaco en España a sabiendas de sus efectos «nocivos».
Pero la Audiencia Provincial de Madrid dio la vuelta a la situación al estimar el recurso interpuesto por la farmacéutica y considerar prescrito el caso por el tiempo transcurrido. El Supremo lo ratificó.
La talidomida afectó desde mediados del siglo XX a miles recién nacidos de todo el mundo al comercializarse para paliar las náuseas de mujeres embarazadas. En 1961, el fármaco fue retirado del mercado alemán al comprobarse una serie de efectos secundarios, pero en España continuó distribuyéndose.
La mayor parte de los afectados sufre malformaciones en brazos y piernas y también daños en órganos, especialmente internos.