La Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) han actualizado el protocolo sanitario para mejorar la atención a las mujeres que sufren violencia de género. Cada año, estos profesionales emiten una media de 500 partes de lesiones dirigidos al juzgado para proteger a las víctimas que acuden a las consultas del sistema público. El objetivo de este protocolo es prestar una atención más adecuada a estas mujeres, facilitarles el apoyo social integral y aportar pruebas precisas para que el delito pueda ser castigado.
El director general de Salud Pública, Antonio Molejón, ha presentado esta mañana la tercera actualización de este documento, que está siendo enviado ya a todos los centros sanitarios públicos y privados. En el acto han estado presentes también la directora del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Almudena Cueto; la directora de Atención y Evaluación Sanitaria del Sespa, Victoria Játiva, y el técnico de Salud Pública y miembro del equipo coordinador del documento, Julio Bruno.
Según Molejón, “las agresiones a las mujeres son un problema de salud pública importante, tanto por el número de personas a las que afecta como por la repercusión que tiene sobre su salud, la merma de su calidad de vida y, a menudo, también la de sus hijos menores. Toda la sociedad, pero especialmente las administraciones públicas, tenemos la obligación de dar una respuesta adecuada a esta verdadera lacra”.
Molejón ha advertido de que “es muy probable que los casos que conocemos sólo representen la parte del iceberg que aflora a través de las consultas clínicas”, por lo que ha destacado la necesidad de abordar el problema con la colaboración más estrecha “de todos para erradicar las raíces culturales y sociales en que asienta”.
La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 14 años que acuden a un centro sanitario con daños ante los que existe la constatación o sospecha fundada de que han sido causados por agresiones o abusos.
El protocolo, que se enmarca en la actuación intersectorial coordinada por el Instituto Asturiano de la Mujer, pretende garantizar la mejor actuación de los profesionales sanitarios ante estos casos, para asegurar la intimidad y privacidad de las pacientes, favorecer la indagación profesional en la entrevista clínica, informar siempre de todas las exploraciones y solicitar consentimiento y buscar el ambiente de confidencialidad más adecuado.
El protocolo establece las recomendaciones pertinentes según el perfil de riesgo de la mujer, indicando la necesidad de garantizar su seguridad. A este respecto también se consideran víctimas los hijos e hijas.
Apoyo a los profesionales
Algunas de las novedades más notables en esta actualización son la inclusión de herramientas de apoyo a los profesionales para la entrevista clínica con el fin de indagar en la sospecha de maltrato; la incorporación del informe al fiscal como procedimiento de información complementaria cuando existe sospecha pero no procede emitir un parte de lesiones; la implicación de los pediatras para hacer un seguimiento de los menores relacionados con estas agresiones; y la mejora de la colaboración con los trabajadores sociales y los centros asesores de la mujer.
También se subraya la atención a la trata y la mutilación genital femenina como otras formas de violencia que es preciso detectar, y se incluye en la historia clínica electrónica un parte automatizado de informe al juzgado para obtener los datos de vigilancia y seguimiento del protocolo. Además, se han modificado los sistemas de información para incluir los formularios relativos a las actuaciones clínicas que se realizan con las victimas, lo que permitirá la evaluación continua del protocolo.
El Sespa ha comenzado una campaña de implantación y difusión del protocolo que se desarrollará hasta el próximo mes de diciembre. También realizará al menos una sesión de trabajo en cada equipo de atención primaria, en los servicios de urgencias y de atención continuada de los centros de salud, en las urgencias de los hospitales y en los servicios de ginecología, pediatría, salud mental y traumatología de los centros hospitalarios.
Con este fin se han editado dos mil ejemplares del documento que están a disposición de toda la red sanitaria.
Por primera vez, este protocolo se enviará los centros privados y al Colegio Oficial de Médicos y a los de Enfermería y Trabajo Social para que lo difundan a sus afiliados. Asimismo, se ha invitado a participar en esta campaña al sector privado a través de los centros de aseguramiento y asistencia.
Un problema de salud pública
La violencia contra las mujeres es un grave problema de salud pública, reconocido como tal por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1996, debido a la magnitud de lesiones y muertes que provoca en todo el mundo. En España, una media de 62 mujeres son asesinadas cada año por sus parejas y exparejas y se reciben más de 80.000 llamadas de auxilio e información.
En Asturias, el 6% de las mujeres de 30 a 64 años ha declarado haber sufrido maltrato continuado alguna vez a lo largo de su vida, y se realizan en torno a dos mil denuncias anuales. Solo entre 2005 y 2016 han muerto seis asturianas por violencia de género.