El candidato número 2 al Congreso de la Coalición PP-Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha manifestado este miércoles que «por muchas mentiras que canten a coro por las Cuencas Javier Fernández y el PSOE no podrán borrar que el PSOE firmó la sentencia de muerte al carbón y que nunca defendió el derecho de Asturias a recibir los Fondos Mineros».
Oblanca ha realizado estas manifestaciones en Ribadesella en un acto de propaganda electoral en el que estuvo acompañado de la alcaldesa Charo Fernández Román y otros compañeros de su partido en la localidad, mientras que por la tarde participará en un acto público en Gijón junto con Rosa Domínguez de Posada y la Alcaldesa, Carmen Moriyón.
El candidato, en declaraciones a los medios, ha hecho referencia al programa de la Coalición que «detalla problemas específicos de Asturias y compromisos concretos para resolverlos. Ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Unidos Podemos concretan en sus respectivos programas sus propuestas para Asturias por lo que solo PP-Foro comparece en estas elecciones con propuestas relevantes y cruciales para el futuro de Asturias», señaló Oblanca.
Ha reclamado «el voto para la Coalición PP-Foro que ya en diciembre superó el 30% de los votos en Asturias y que es un buen resultado que ahora aspiramos a mejorar porque la presencia de tres diputados y tres senadores permitió que Asturias estuviese en la agenda parlamentaria y se pudiesen llevar a las Cortes los grandes problemas de los asturianos».
Oblanca ha insistido en que «el PSOE no está legitimado para hablar del presente y futuro de la minería asturiana poque el problema de la minería de carbón que tanto afecta a Asturias tiene su origen más próximo en el año 2010, cuando el Comisario socialista de la Competencia, Joaquín Almunia, excediéndose en sus funciones, decidió la regulación del sector por razones de competencia desleal del carbón subvencionado, en una clara intromisión en un ámbito que no era de su competencia, como era el de la energía, y todo ello bajo el silencio cómplice y colaborador de Rodríguez Zapatero y su gobierno socialista, quienes programaron como fecha del fin de la actividad minera, el año 2014».