El Gobierno del Principado de Asturias estudiará la posibilidad ampliar las subvenciones para salarios de centros especiales de empleo, que actualmente se sitúa en el 50% del mínimo interprofesional. Así lo ha indicado este lunes la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, comprometiendo la colaboración del Ejecutivo en la viabilidad del Centro Especial de Empleo APTA y del resto de entidades del mismo signo que operan en Asturias.
En la comisión parlamentaria del área, Varela ha recordado que el Gobierno de Javier Fernández aprobará una reserva de mercado del 8% para la contratación de centros especiales de empleo, con el objetivo de favorecer el mantenimiento y la generación de empleo en estos centros, que alcanzan en el Principado los 105 con una plantilla total de más de 2.300 personas con alguna discapacidad.
Al respecto, ha comentado que el Principado destina más de 7 millones de euros al año, de los que el Centro Especial de Empleo APTA recibe 500.000 euros. Además, Varela ha explicado, en respuesta a la diputada de Podemos Rosa Espiño, que se colaborará «con todos los recursos» del Principado para que no se confirme «la situación de abandono» de este centro por parte del ‘Grupo Ilunion’. En este sentido, confía en que se elabore «un plan de viabilidad técnico riguroso» y se designe «una gerencia profesional».
Durante su intervención en la Junta General, Pilar Varela ha hecho hincapié, igualmente, en la previsión de incluir «clausulas sociales» en la contratación del Principado. Con todo, la consejera reiteró el «compromiso total» del Gobierno asturiano con los padres y el ‘Grupo Ilunion’ para que no se abandone su vinculación con el Centro Especial de Empleo APTA. El objetivo principal es «el mantenimiento de los 180 empleos y, si es posible, crecer», ha afirmado.
La sesión, que comenzó con la elección del diputado de Foro Pedro Leal como nuevo secretario de la Comisión de Servicios y Derechos Sociales, también abordó la rehabilitación de viviendas públicas para alquiler social. Así, la consejera indicó que actualmente hay 442 viviendas desocupadas que están pendientes de reparación, de las que 49 están ya siendo rehabilitadas, en respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez sobre cuántas viviendas que gestionan Vipasa y la Consejería requieren ser rehabilitadas antes de poder encontrarse en condiciones plenas de habitabilidad.
Según la consejera, la inversión prevista es de unos 980.000 euros para actuar en ese parque de viviendas teniendo como prioridad destinarlas a familias con necesidades «por procedimientos de emergencia social» tras la evaluación y asignación de los Ayuntamientos.
Además, Pilar Varela contestó a tres preguntas del diputado del PP Matías Rodríguez Feito referidas a centros rurales y residencias de mayores. En concreto, el parlamentario ‘popular’ se interesó por la situación del Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) de San Esteban de Pravia, en el concejo de Muros de Nalón, respecto al que la consejera anunció su puesta en marcha en el último cuatrimestre de este año con ocho plazas, previsiblemente en septiembre.
Para el PP, se trata de una actuación «prioritaria» que acumula un retraso de cinco años. Así, sin pretender culpar a la nueva consejera de la demora, Rodríguez Feito ha urgido a Varela a agilizar su apertura, resaltando que acumula una inversión pública de más de 700.000 euros, entre el Principado y el Ayuntamiento.
Las previsiones que tiene para la construcción de una residencia de mayores en el Concejo de San Tirso de Abres y de un CPR en Cangas del Narcea, fueron las otras preguntas formuladas por el diputado del PP. Sobre la propuesta para San Tirso, Pilar Varela replicó al parlamentario de la oposición que es «inviable» disponer de una residencia de mayores en cada municipio, advirtiendo de que muchas personas no requieren de ese servicio sino de otro tipo de atenciones diurnas que les permitan continuar en su hogar.
Finalmente, en cuanto a la construcción de un Centro Polivalente de Recursos (CPR) en Cangas del Narcea, la consejera remarcó que el proyecto presupuestario para 2016 que no salió adelante contaba con una inversión de 350.000 euros para ese equipamiento. No obstante, revalidó el compromiso del Gobierno asturiano con la iniciativa pese a la prórroga, señalando que formará parte de los créditos extraordinarios que se presenten ante la Cámara.