Berlín, 16 ene (dpa) – La política de asilo de Angela Merkel sigue sometiendo a la canciller alemana a una creciente presión por parte de sus socios de gobierno, que hoy le fijaron un «ultimátum» para rectificar y poner límite a la afluencia de refugiados.
«En los próximos 14 días exigiremos por escrito al gobierno que restablezca el orden en las fronteras», advirtió Horst Seehofer, primer ministro bávaro y jefe de la Unión Cristianosocial (CSU), en la nueva edición del semanario «Der Spiegel»
«Si no lo hace, el gobierno bávaro no tendrá otra opción que presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional», continuó Seehofer.
El político conservador y su CSU, versión bávara de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, vienen actuando como los principales críticos de la política de la canciller en materia de refugiados.
También los socialdemócratas del SPD, socios en la coalición de gobierno, dieron plazos a la canciller para poner en marcha reformas que frenen la ola de solicitantes de asilo que está llegando a Alemania.
«Si las medidas no hacen efecto antes de primavera (boreal), estaremos moviéndonos en cifras complicadas», alertó Sigmar Gabriel, vicecanciller y jefe del SPD, en una entrevista con los diarios del grupo Funke.
El jefe del grupo parlamentario socialdemócrata, Thomas Oppermann, planteó en diálogo con dpa un escenario preocupante para Merkel y su plan de asegurar las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE): «Si fracasa con los socios europeos, me temo que ya no podrá mantenerse la libertad de viaje en Europa».
Alemania recibió 1,1 millones de refugiados sólo en 2015. El gobierno bávaro de Seehofer estima que en los primeros días de enero siguieron llegando a Alemania unos 3.000 refugiados por día.
Su advertencia de llevar el tema al máximo tribunal alemán aumenta ahora la presión y fija un plazo para descomprimirla, justificado en parte por la cercanía de las elecciones regionales que celebran tres estados federados alemanes el 13 de marzo.
«O Merkel y Seehofer logran acordar una línea común antes de las importantes elecciones de marzo», analizó «Der Spiegel», «o la canciller se arriesga a una lucha constante de poder con su propia gente que, al final, podría costarle el puesto».
La idea de recurrir al Tribunal Constitucional sumó esta semana argumentos legales debido a un documento emitido por un ex miembro de la corte, Udo di Fabio, que acusó al gobierno de Merkel de violar el derecho vigente al abrir las fronteras alemanas para los refugiados.
Seehofer señaló a «Der Spiegel» que, de confirmarse esa visión, el gobierno tendría que afrontar los costos derivados de la acogida de refugiados. «Debemos analizar primero cómo aumentará la participación del gobierno federal en los costos», anunció.
En medio del debate, el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, cambió hoy el escenario con una nueva propuesta para financiar los costos de la crisis: crear un impuesto a la gasolina en toda la UE.
«Si los presupuestos nacionales y europeos no alcanzan, entonces acordemos, por ejemplo, gravar cada litro de gasolina con un monto determinado», dijo el político de la CDU en una entrevista publicada hoy por el diario «Süddeutsche Zeitung».
Su idea fue criticada por la oposición y rápidamente desechada incluso entre miembros de la CDU.
Entre tanto, cerca de 7.000 personas se reunieron hoy en una céntrica plaza de Stuttgart, sur del país, para protestar contra el racismo y la violencia vinculada a la crisis.
«A los incendios cobardes de hogares de acogida, la caza de extranjeros o la violencia sexista les sacamos la tarjeta roja», dijo Frank Otfried July, obispo evangélico de Württemberg, ante una multitud que agitaba banderas con el símbolo de la paz.
El acto fue convocado por la Unión de Sindicatos Alemanes (DGB) en Baden-Württemberg, el poderoso estado federado que tiene a Stuttgart como capital y que celebra elecciones regionales el 13 de marzo. Unas 80 organizaciones apoyaron la manifestación.
La marcha se convocó después de un 2015 marcado por cientos de ataques a centros de acogida de solicitantes de asilo y tras la ola de agresiones sexuales y robos registrados la noche de Año Nuevo en Colonia y atribuidos a refugiados.