El Ministerio del Interior de España ya ha activado la Red de Coordinación para la Seguridad de las elecciones generales del 29N en una reunión presidida por Grande-Marlaska, quien hizo hincapié en que el objetivo es «anticipar riesgos, compartir información y coordinar la respuesta de las instituciones implicadas en la preparación y el desarrollo de la jornada electoral”.

Esta Red, tal y como detalló Interior en un comunicado, se creó en 2019 a raíz de las medidas impulsadas por la Unión Europea para reforzar la seguridad y la integridad de las elecciones. Desde entonces, este órgano se ha consolidado como un «instrumento estable» de cooperación en todos los procesos electorales para «reforzar la resiliencia del sistema electoral y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con plena libertad, seguridad y confianza».
“La fortaleza de esta Red reside en conectar capacidades, compartir alertas y acordar respuestas antes de que una incidencia pueda afectar al normal desarrollo del proceso”, subrayó el ministro, quien incidió en que “ningún organismo puede afrontar por separado riesgos cada vez más interdependientes”. Así, remarcó que «la experiencia acumulada» desde 2019 ha demostrado «la utilidad de este modelo», puesto que la coordinación entre los organismos implicados ha permitido «responder con rapidez» ante incidentes en páginas institucionales, campañas de desinformación y amenazas dirigidas contra los sistemas electorales.
MIEMBROS
En concreto, la Red de Coordinación incluye a los máximos responsables de todos los centros directivos adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Subsecretaría del Ministerio del Interior con competencias en la materia, además de al Departamento de Seguridad Nacional y de la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Defensa (Centro Nacional de Inteligencia, Centro Criptológico Nacional y Mando Conjunto del Ciberespacio), y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Agencia Estatal de Administración Digital e Instituto Nacional de Ciberseguridad). Junto a ellos, la Junta Electoral Central, el Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la Agencia Española de Protección de Datos y Correos.
El objetivo de la Red es asegurar una «coordinación operativa y permanente» entre los organismos competentes, «facilitar el intercambio de información» y «contribuir a una respuesta adecuada» ante las incidencias que puedan producirse durante el proceso.
OBJETIVOS
Así, el protocolo de actuación de la Red se articula en torno a cuatro ejes relacionados entre sí. En primer lugar, el propio proceso electoral, para «preservar la transparencia y la objetividad» del mismo. En segundo lugar, la protección de datos frente a accesos no autorizados, usos indebidos o cualquier actuación que pueda afectar a la información de los electores. En tercer lugar, la seguridad física y la ciberseguridad, para proteger a las personas, las infraestructuras, los sistemas de información y la difusión provisional de resultados. Por último, se centra en las campañas de desinformación para detectar y afrontar «narrativas que puedan erosionar la confianza ciudadana o dificultar el ejercicio de un voto libre e informado».
Con ello, Marlaska destacó que, frente a las distintas amenazas que afronta cualquier proceso electoral, “la mejor respuesta es una información oficial accesible, coherente y oportuna, acompañada de mecanismos ágiles de detección y coordinación”.
